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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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24 Junio 2019 04:04:00
Tráfico de influencias
El cable «¿Quiénes son los líderes empresariales más ricos de México?», difundido por WikiLeaks en 2011, advierte cómo el poder económico incide en las decisiones políticas y de los tribunales: «El uso indebido del sistema judicial es empleado por compañías mexicanas de todos tamaños para resolver disputas. Refleja la debilidad de este sistema legal que explotan las compañías y es una de las razones por las que la reforma judicial es un tema tan importante en México».

Tras citar a la decena de empresarios que concentran 10% del PIB nacional, el documento señala que «algunas de estas personas claramente aprovecharon las deficiencias de las instituciones mexicanas y sus relaciones con importantes figuras políticas para expandir su riqueza. Varias de las dinastías empresariales que poseían estos individuos despegaron en la década de 1990, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (PRI) comenzó a desmantelar la economía centralizada de México. Salinas vendió más de mil compañías estatales, desde fundiciones de metales hasta ferrocarriles».

Entre los casos que devinieron en monopolios del sector privado -en beneficio de «empresarios y políticos inteligentes», pero que dejaron «al mexicano medio en el frío»- cita el de Teléfonos de México. «Cuando Slim y sus socios compraron Telmex en 1990, el Gobierno les dio condiciones extremadamente favorables». En 2008, de acuerdo con la revista Forbes, Slim era el segundo hombre más acaudalado del mundo, con 60 mil millones de dólares, después de Warren Buffett y por encima de Bill Gates, de Microsoft.

En su conferencia del 21 de febrero pasado, López Obrador declaró que la nómina de mexicanos en Forbes se disparó en el sexenio de Carlos Salinas, a quien llamó «el padre de la desigualdad moderna». En 1988, dijo el Presidente, solo figuraba la familia Garza Sada (Nuevo León) con 2 mil millones de dólares. Seis años después ya aparecían más de 24 en la lista de los hombres más ricos del mundo, cuya fortuna ascendía a 48 mil millones de dólares. «De ese tamaño fue la transferencia de recursos por la política de entrega de bienes nacionales a particulares», acusó.

La estrategia privatizadora -salvaje en casos como el de Altos Hornos de México, pues se aplicó sin medir el impacto social en varias regiones de Coahuila- consistía en descapitalizar y convertir a las empresas en chatarra; aun así, se vendieron muy por debajo de su valor real. Los beneficiarios resultaron ser amigos, hermanos, esposas y prestanombres de políticos. Los artífices del modelo neoliberal salinista fueron el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, y un exalumno suyo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Jaques Rogozinski, quien fungió como jefe de la Oficina de Desincorporación de Empresas Públicas. En el gobierno de Peña Nieto, Rogozinski ocupó la dirección de Nacional Financiera.

«El distintivo del neoliberalismo es la corrupción -proclamó AMLO en su discurso inaugural-. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. (…) casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos en que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación».

Entonces, ¿por qué el Presidente protege ahora a la mafia del poder?
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