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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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17 Julio 2019 04:00:00
¿Transparencia suficiente?
Los resultados de la evaluación trimestral que presentó el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), revela que entidades que observan un 100% de cumplimiento en sus obligaciones en esta materia no se libran de los cuestionamientos de la sociedad y la opinión pública frente a casos que sobrepasan los escándalos mediáticos y que ponen en evidencia, un tema que hace días colocaba sobre la mesa la doctora Lourdes Morales Canales, profesora asociada del CIDE y coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).

La doctora Morales comentaba en una de sus ponencias que no siempre el nivel de excelencia y cumplimiento de las reglas para combatir la opacidad, garantiza que en las entidades no existan problemas relacionados con compras o inversiones irregulares hechas con dinero público, contrataciones ilegales de personal o nóminas ocultas y gastos que no se llegan a comprobar en las revisiones o auditorías.

Sin embargo, no se puede negar que se trata de una buena práctica que regulan los órganos garantes y que de alguna manera inhibe y representa un mecanismo de prevención de posibles hechos fuera de la legalidad en dependencias estatales, municipales o federales. Pero la transparencia no lo es todo.

Basta con revisar los resultados del ICAI en su sitio http://www.icai.org.mx/transparencia/19-articulos/articulo-36/100-vii-resultados-de-evaluacion con fecha de actualización del 5 de julio de este año, donde entidades como el Poder Judicial aparecen con una calificación máxima, lo mismo que otras oficinas estatales como la Secretaría de Finanzas, de Infraestructura o de Salud que se acercan al 100% de la excelencia en cuanto a la transparencia que exige la legislación local.

El 100 de calificación no empata con los cuestionamientos que aparecen en medios de comunicación impresa en Coahuila y la Región Sureste del estado, por la aparente falla en los procesos sancionatorios contra servidores o exservidores públicos, el estatus del proceso de modernización y automatización de los sistemas de impartición de justicia y prestación de servicios cuando se habla del Poder Judicial.

En las últimas semanas, temas como lo que podría ser una red de corrupción en el caso de Infonavit o las inversiones en la desaparecida financiera Ficrea, siguen en la agenda pública y contrastando las cifras o las buenas calificaciones que obtuvo el Poder Judicial en transparencia. Si bien hay esfuerzos por mejorar y capacitar a quienes forman parte del Tribunal Superior de Justicia, falta por hacer en cuanto a la apertura y rendición de cuentas, incluyendo la mejora de mecanismos que logren prevenir nuevos casos como los que aquí he mencionado.

No es suficiente ser gobierno trasparente, abierto y dispuesto a mostrar todos y cada uno de los estados financieros, cuentas por cobrar o las compras y licitaciones que se hacen, sino que habría que estar dispuestos a ir más allá y permitir sin resistencias, que la ciudadanía logre involucrarse en serio en estos temas para devolver la credibilidad en las instituciones frente a los índices de impunidad y la falta de sanciones contra quienes cometen actos de corrupción en la entidad. Esto último es realmente lo más preocupante.
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