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Leopoldo Ramos
Leopoldo Ramos
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06 Septiembre 2015 04:05:17
Transparencia y sindicatos
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) tiene ante sí la difícil empresa de someter a los organismos sindicales que reciben recursos públicos de Coahuila, del Gobierno federal o de los ayuntamientos para que transparenten sus finanzas e informes administrativos, y saquen a la luz datos que históricamente sus dirigentes han resguardado con ferocidad.

El artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales establece las obligaciones que los organismos sindicales deben cumplir en materia de trasparencia, y el plazo de gracia que les concedió la legislación vigente desde el 26 de agosto de 2014 venció en la última semana.

De acuerdo con el ordenamiento, “los sindicatos que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal o municipal deberán difundir a través de medios electrónicos su estructura orgánica en un formato que permita vincular, por cada eslabón de la misma, la remuneración mensual, marco normativo aplicable, nombre de los agremiados, toma de notas, directorio de los trabajadores del sindicato que aparezcan en la estructura orgánica, con nombre y fotografía;
domicilio, número de teléfono y, en su caso, dirección electrónica y de redes sociales del sindicato.

“El currículum de los trabajadores dirigentes que aparezcan en la estructura orgánica del sindicato; convenios y contratos que celebre el sindicato con cualquier persona de derecho público o privado; nombre, domicilio laboral y, en su caso, dirección electrónica del responsable de la unidad de atención; solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas que se les dé; respecto de los contratos celebrados, un listado que relacione el número, fecha de celebración,
nombre o razón social del proveedor y monto del valor total de la contratación”.

Las siguientes obligaciones son las que seguramente causan más comezón a los involucrados, pues tienen que ver con el manejo de los recursos que reciben por su liderazgo, a cambio, según ellos, de representar los intereses de los trabajadores.

Se trata de “la entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, incluyendo la asignación de personal; acta de la asamblea constitutiva; lista con el nombre de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios; estatutos debidamente autorizados; acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva; informes de ingresos y gastos realizados y los contratos colectivos de trabajo de sus agremiados”.

El consejero presidente del ICAI, Jesús Homero Flores, aseguró a quien esto escribe que está consciente de la difícil tarea de convencer a los dirigentes sindicales de la importancia de transparentar la información, y también sabe que la resistencia será mucha.

El ICAI tiene de su lado la ley, que considera multas económicas por arriba de 100 mil pesos para los incumplidos; cuenta además con el respaldo del Gobierno del Estado y del Poder Legislativo, y con la necesidad de la población en general, y de los trabajadores en particular, para conocer el destino de sus cuotas sindicales y de los recursos públicos que sus representantes reciben.

La transparencia llegó prácticamente a todos lados: gobierno, medios de comunicación, dependencias públicas y privadas, organismos para estatales, escuelas y asociaciones civiles que se financian con recursos del erario. El capítulo pendiente está en los sindicatos y sus dirigentes están dispuestos al pataleo, lo que mejor saben hacer.
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