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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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30 Enero 2017 03:00:00
Trato inaceptable
Enrique Peña dirige el país como gobernó el Estado de México: para él y una camarilla, sin tomar en cuenta a la sociedad ni medir las consecuencias de sus actos. Si en la tarea anterior resultó indemne, como pasa con la mayoría de los gobernadores, por más ineptos y rapaces que sean, la Presidencia, además de exhibir sus limitaciones políticas intelectuales, lo tiene hoy en la picota. A ningún jefe de Estado el país se le había ido de las manos. Ninguno había provocado tanto encono entre los mexicanos ni desprestigiado tan abrumadoramente la institución presidencial. Por lo tanto, no es digno de portar la banda con los colores patrios.

Peña perdió desde un principio de legitimidad. Su campaña costó 4 mil 599 millones de pesos, según estimaciones de la comisión legislativa que investigó el Caso Monex, consistente en la triangulación de fondos –presuntamente para comprar votos–. No obstante que el gasto habría excedido 13 veces el tope legal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el proceso, cuya anulación demandó el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A pesar del derroche, el favoritismo de las televisoras y el apoyo financiero de gobernadores del PRI (se presume que parte de la deuda de Coahuila y otros estados sirvió para pagar la campaña presidencial de 2012), Peña ganó sólo con 38% de los votos. Su gobierno pareció en un principio audaz, conciliador y moderno. El Pacto por México, suscrito por los principales partidos para impulsar reformas largamente pospuestas, auguraba un futuro promisorio después de dos gobiernos panistas sin pena ni gloria. El mecanismo afianzó la partitocracia y demeritó al Congreso. Las reformas se impusieron de manera voluntarista.

Los cambios a la Constitución, al final, resultaron funestos. Hoy se ven los resultados: la economía frenada por una reforma fiscal confiscatoria; Pemex (caja chica de los gobiernos del PRI y del PAN) quebrado por falta de inversión y exceso de corrupción de funcionarios y sindicato; un sistema educativo viciado y con un secretario de Educación —como Luis Videgaray ahora en Relaciones Exteriores— profano en la materia, soberbio y con ínfulas presidenciales.

En lugar de asumir su responsabilidad como jefe de Estado y de Gobierno, Peña parece director de la Profeco. Pretender que los precios y tarifas de los productos, bienes y servicios se mantengan invariables después del gasolinazo y los aumentos al gas y la electricidad, no sólo refleja ignorancia de las leyes del mercado, sino falta total de sentido común. Culpar a gobiernos anteriores de fracasos actuales, después de haber prometido a los mexicanos un paraíso fundado en las reformas, o atribuir a los expendedores de gasolina y al comercio la escasez de combustibles y la escalada de precios, hace más patente la incapacidad de la administración.

Una de las alternativas planteadas por el Presidente: subir el precio de las gasolinas o recortar programas sociales, es un sofisma para chantajear. El señuelo vuelven a ser los pobres, principales víctimas del poder. El gobierno está dispuesto a cualquier cosa antes que rectificar, reducir el gasto público, adelgazar elefantes blancos como el Congreso y procesar a los políticos corruptos. La debilidad extrema de Peña y el repudio de la población contra sus políticas, no le permitirán negociar nada favorable para nuestro país con el presidente de Estados Unidos, Donald Tremp, cuyo trato a México es inaceptable.
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