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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Primera Senadora de Mayoría Relativa en la historia de Coahuila

Nació en Monclova, Coahuila. Es Licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (1984) y actualmente es Senadora de la República representante del Estado de Coahuila en la LXII y LXIII Legislatura (2012-2018).

COMISIONES EN EL SENADO:

• Comisión Especial de Cambio Climático, (Presidenta).
• Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Secretaria).
• Comisión de Recursos Hidráulicos, (Secretaria).
• Comisión de Agricultura y Ganadería, (Integrante).
• Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, (Integrante).
• Coordinadora de Globe México.
• Parlamento Latinoamericano de las comisiones de Medio Ambiente y Turismo.

RESPONSABILIDADES ANTERIORES

• Delegada Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA (2008–2011)
• Diputada del H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, en la LVII Legislatura (2006–2009).
• Subdelegada de PROFEPA (2005)∫
• Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario de la Presidencia Municipal de Monclova, Coahuila (1997-1999)
• Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste de la SEMARNAT.
• Coordinadora region centro del Edo de la SEMARNAT (2003-2004)

Otras Actividades

• Miembro de la Comision Permanente del CEN del PAN (Comité Ejecutivo Nacional)
• Consejera Nacional PAN
• Vicecoordinadora Administrativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República.
• Miembro Honorario del Colegio Mexicano de Biólogos A.C.

Ubicación en el Senado: Av. Paseo de la Reforma 135, Hemiciclo Piso 05 Oficina 32, Colonia Tabacalera . Cp. 06030, Delegación Cuauhtémoc, México D. F.
Teléfono: 53-45-30-00 Ext.: 3337, 3446
Correo Electrónico: [email protected]
Facebook: Silvia Garza Twitter: @Silvia_Garza Instagram: silvia_garzag

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02 Abril 2017 04:00:00
Trump y la hipoteca del futuro bajo el cambio climático
Esta semana tuve el honor de participar en la inauguración de la 45 sesión del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Esta sesión tuvo como propósito iniciar los trabajos rumbo a la elaboración del sexto informe de evaluación del IPCC y la elaboración de dos informes sobre cambio climático y la criósfera, y otro sobre degradación de suelo y desertificación.

Mientras los expertos del mundo estaban reunidos en esta conferencia para determinar los impactos presentes y futuros del cambio climático, recibimos noticias de la firma de una orden ejecutiva del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desmantelar por completo una de las piezas fundamentales del plan de acción climática de su antecesor Barack Obama. Esta orden da marcha atrás al Clean Power Plan, enfocado a la regulación y desfasamiento del carbón como una de las fuentes energéticas principales de Estados Unidos. Con esta acción, cancela las reglas elaboradas para disminuir los gases de efecto invernadero de la industria carbonífera, bajo la excusa de quitar reglas innecesarias que quitan trabajo a los estadunidenses.

Sin embargo, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que anula los importantes acuerdos del expresidente Obama en materia de cambio climático, tiene de fondo, estrictos intereses económicos de grupos cercanos al Presidente.

En primer lugar, el equipo de Trump opera sobre la base de visualizar los efectos negativos del cambio climático como un asunto de largo plazo. Por esta razón se argumenta incluso la existencia de beneficios con el aumento de temperatura y de precipitaciones: impulsa a corto plazo actividades en sectores específicos como son las industrias extractiva y agrícola, entre otras.

En segundo lugar se opera el cambio de estrategia gubernamental como un beneficio en costos y gastos para las empresas, bajo la muy equivocada idea de que cualquier reducción de costos en las empresas (ya sea fiscal o regulatorios, como es el caso de las políticas ambientales) se traducirán en incrementos en la inversión. No hay evidencia económica robusta que compruebe una correlación positiva entre baja de impuestos y costos regulatorios y aumento de inversión. Así lo señaló Joseph Stiglitz en su última visita a México.

Y tercero, el presidente Trump deduce que los supuestos incrementos en inversión se traducirán en mayor empleo. Se refiere principalmente al efecto mutiplicador que asume derivado del supuesto incremento en inversiones que se derivan de los menores costos regulatorios.

El daño de la decisión tomada puede ser considerable y sus consecuencias de carácter duradero. Primeramente porque EU tiene una influencia política considerable a nivel mundial, y si ya había resultado un éxito que aceptara aspectos cruciales en materia regulatoria ahora sería difícil retomar el camino, aún después de la Administración de Trump.

En segundo término, la negativa de la actual Administración estadunidense respecto al daño que causa el uso indiscriminado de fósiles para abastecer la demanda de energía (especialmente carbón) abre la puerta para que otras naciones incumplan o retrasen la aplicación de medidas adoptadas. Interesante será ver la respuesta final de China respecto al tema del carbón.

Por último, se ha vendido el proyecto de Obama en materia climática como uno de negociación fallida respecto a los principales socios comerciales de EU. Nada más falso: la realidad es que EU lleva años retrasado en el cumplimiento de normas ambientales que, por ejemplo Europa, se ha impuesto siguiendo los ordenamientos y acuerdos mundiales y sus propias políticas comunitarias. Esto es más evidente en las inversiones que por años se han realizado en esa zona con recursos comunitarios.

Para México, el desapego de Estados Unidos a las normas acordadas internacionalmente para evitar un mayor deterioro ambiental puede tener consecuencias directas: las empresas que realicen inversiones en México, sobre todo en el sector de energía (ie. Petróleo) pudieran no tener incentivos de cumplir con normas y estándares ambientales en lo general. Esto pudiera ser evidente en las actividades de exploración en el Golfo o en el tema del gas shale en esa zona. México no estaría exento de enfrentar a empresas que pudieran tener incluso el respaldo de Trump para realizar actividades que afecten al medio ambiente en aras de promover la filosofía de “America First” (EU primero).

La expectativa más favorable que pudiera suponerse sería una en donde las medidas adoptadas no tengan consenso en la comunidad empresarial estadunidense, abriendo la puerta a un regreso de EU a las mesas de negociación. Sin embargo, la experiencia indica que esta posibilidad es remota: es más fácil deshacer acuerdos que construirlos.

Como podemos ver, es la avaricia insaciable corporativa la que continúa hipotecando el futuro no sólo de los EU, sino de todo el mundo. Como hemos mencionado en columnas anteriores, no contar con la cooperación de nuestro vecino del norte pone en graves aprietos a la comunidad internacional para mitigar el fenómeno del cambio climático.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!
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