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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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10 Marzo 2017 04:00:00
TSJE: estábamos mejor que cuando estábamos peor
Para quienes creíamos que el desempeño del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila no podría ser más malo, que cuando lo presidió el magistrado Gregorio Pérez Mata, periodo de deudas, rezago en el desahogo de expedientes por falta de dinero y desviaciones de recursos (caso Ficrea), no nos queda otra que reconocer que posterior a la imposición, en enero del año 2016, de la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, en la presidencia del citado Tribunal, las cosas han venido a peor.

Por alguna extraña causa, la hoy presidente del máximo tribunal local poco se ha ocupado en recuperar los casi 126 millones de pesos que ilícitamente fueron invertidos por su antecesor, quien los tomó del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia, para luego invertirlo a discreción en Ficrea S.A. de C.V., SFP, una financiera popular, perseguida por sospechas del delito de lavado de dinero.

Incluso, en días pasados la titular del Poder Judicial de Coahuila y del Tribunal Superior de Justicia, reconoció que en el caso Ficrea, hasta hoy, no hay siquiera presuntos responsables y que en el caso de las sanciones administrativas éstas quedaron sin efecto, en consecuencia de que las personas responsables habían renunciado a sus cargos de manera oportuna.

Hasta aquí, todo indica que la impunidad ha alcanzado a los responsables de dicho fraude y que la Autoridad poco hará para lograr la reparación del daño realizado, por lo que la actitud de la magistrada presidente, pareciera, va acorde con el tratamiento que el Estado da a los delincuentes de cuello blanco; sin embargo, la ineficacia de la Presidencia se ha dejado ver en muchas otras áreas de la administración de justicia local.

Es evidente la nula supervisión de la autoridad superior sobre los encargados de ministrar justicia en primera instancia, por lo menos en los juzgados mercantiles y familiares, lo que es aprovechado por algunos funcionarios para, de manera deliberada, conceder canonjías a algunos litigantes.

Los jueces mercantiles ahora autorizan embargos, cateos, lanzamientos y diversos medios de apremio contra los demandados, sin mediar siquiera una sentencia condenatoria, o por lo menos escuchar las defensas y pruebas de éste; lo que es aprovechado por algunos litigantes representantes de prestamistas, financieras, zapaterías, tiendas de muebles y ropa que ofrecen créditos con altos réditos, quienes logran diligencias de ejecución en tiempo récord.

En lo familiar, es casi imposible la justicia expedita, en términos del 17 constitucional, ya que ante la excusa de la adecuación de los juicios orales, los juzgados familiares tardan en exceso cualquier acuerdo.

De nada sirve la promulgación de leyes garantistas o los tratados internacionales que en materia de derechos humanos suscribe nuestra nación, si los directos encargados de procurarlos fallan en su aplicación. Es entonces que debemos reconocer que en materia de justicia en nuestro estado, con la actual presidente del Tribunal Superior, es aplicable aquel dicho que reza “estábamos mejor que cuando estábamos peor”.
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