×
Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
ver +
Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

" Comentar Imprimir
05 Noviembre 2017 04:02:00
Un azaroso fin de sexenio
Pocas leyes en México escapan a la tentación –y posibilidad– de “darles la vuelta”, incluida la Constitución. Una de esas provisiones es el perentorio término de la gestión presidencial, que concluye, improrrogablemente, el 30 de noviembre cada seis años, y esta vez el fin del ciclo llega envuelto en una atmósfera de incertidumbre y tensiones que no se habían visto antes.

Lo que hace particularmente delicado el relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo, en términos generales y aún en condiciones de estabilidad, es el peculiar ascendiente, con visos de monarquía sexenal, que el Presidente tiene respecto de los otros poderes y la peculiar estructura piramidal que ha impregnado nuestra cultura jurídica, más allá de lo prescrito por las normas (recuérdese, la improcedente justificación de esa circunstancia bajo la figura inadmisible de supuestas “facultades metaconstitucionales”).

Hay que agregar una serie de circunstancias que agravan la cuestión: el pertinaz empeño de Trump por eliminar a México del tratado de comercio de Norteamérica impone condiciones de riesgo e incertidumbre que no favorecen un tránsito político terso, en primer lugar.

El avance democrático que representa la apertura a candidaturas independientes también abona a la complejidad del proceso, porque en los hechos ha propiciado quebrantos partidarios aparentemente fincados más en las apetencias personales que en el interés general.

El número mismo de participantes “independientes” en la contienda presidencial apuntamos hacia el caos y las divisiones que a la unidad, que es propicia para el ejercicio legítimo del poder.

El notorio fracaso social –y también político– del modelo neoliberal, las decepciones frente a una esperanzada alternancia, el abanderamiento discursivo –sin efectiva correspondencia en los hechos– de los derechos humanos en las proclamas gubernamentales y la simulación, en general, han prohijado animadversión y enojo entre los ciudadanos, lo que tampoco facilita la estabilidad que requiere la gobernanza.

En la coyuntura presente ha de tenerse en cuenta la mella del prestigio y la confianza en los órganos electorales y, en general, en el desempeño gubernamental, agudizan la adversidad del contexto.

Súmense las percepciones –más reales que ficticias– sobre la corrupción, la impunidad, los contubernios y simulaciones –entre las que no sólo se encuentran las violaciones a los derechos de las personas, sino también los abusos estructurales, como es, por ejemplo, la administración arbitraria de los presupuestos asignados por el congreso para reforzar los programas que tiendan a ello, aun a riesgo de incurrir en graves responsabilidades administrativas y aun de cometer algún delito, como puede ser el de peculado.

A pesar de la postura opuesta de algunos, es imposible negar que la cultura política del país se encuentra impregnada de esa visión jerárquica de la pirámide del poder, en cuya base se encuentra una razón esquizofrénica: una cosa es lo que prescribe la ley y otra la que se lleva a cabo “por el bien de la república”, como solía decir un connotado secretario de Gobernación.

Mientras eso pasa, las campañas oficiales en favor del “principio de legalidad” proliferan. México, dijo José López Portillo, corría el riesgo de convertirse en un país de cínicos. ¿Es eso lo que ha ocurrido, o sólo es obcecación por el poder en interés personal?

Dicho lo anterior del país, hay que agregar que, como la praxis política mexicana ha generado la reproducción, en los estados, del esquema jerárquico central, haciendo de nuestro sistema un “federalismo de espejo”, las circunstancias descritas deben también predicarse de los relevos estatales, cuyos riesgos son equivalentes, además de verse agravados por el clima general.

Esos riesgos políticos, durante el relevo, y en todo momento, se aminorarían desde luego si se abandonara la nefasta práctica de pregonar una cosa para efectuar la contraria; cumplir con el deber primario de todos, pero especialmente de los servidores públicos, pasa por someterse al derecho y dejar de manipularlo, o lo que es peor, no acatarlo.

Es inaplazable enmendar ese yerro.
Imprimir
COMENTARIOS



5 6 7 8 9 0 1 2