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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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31 Diciembre 2016 03:50:00
‘Un OPLE dependiente’
Fue en 2014 cuando, a través de una reforma constitucional en materia electoral, se intentó fortalecer a las instituciones electorales estatales, a fin de que dichas autoridades dejaran de obedecer a los intereses de los gobernantes, poniendo en duda su profesionalismo e imparcialidad.

Para no desaparecerlos, en el proceso de reforma los legisladores acordaron fortalecer a estos institutos locales con mayores atribuciones para lograr según ellos una mayor eficacia, sin embargo en un claro despropósito se dejó que estos institutos electorales locales dependieran de las finanzas de los Estados.

Como una de las más graves contradicciones de esta nueva ley electoral, al nuevo Instituto Nacional Electoral se le adjudicó la facultad de seleccionar a los consejeros integrantes de los organismos locales electorales, así como la remoción de los mismos, pero se le relevó de la obligación de pagar sus salarios ya que esta carga se le impuso a los gobiernos estatales, los cuales desde entonces tienen la facultad de asignar el presupuesto que consideren para el funcionamiento de estos organismos electorales locales, lo que los pone en un verdadero aprieto.

Como era de esperarse, esta dependencia económica ha sido aprovechada por los gobernadores, los cuales han dado clara muestra de que mientras sean los estados quienes soporten las finanzas de los organismos electorales, estos podrán meter la mano en las elecciones.

Las consecuencias no se hicieron esperar y en fechas pasadas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó remover a los consejeros electorales del Instituto local de Chiapas por habérseles acreditado su vinculación con el Gobierno local; igual sucedió en Veracruz, en donde el Gobierno estatal amagaba al OPLE por medio de la negación de recursos para su funcionamiento, acciones ambas que sin duda pusieron en riesgo las elecciones locales; en Tamaulipas, Puebla y Durango, los contendientes solicitaron de manera abierta al INE que atrajera las elecciones locales en consecuencia de la desconfianza que generaban las actuaciones de los integrantes de los OPLES locales.

Todo indica que Coahuila caerá en los mismos supuestos en que se encuentran las entidades mencionadas en el párrafo anterior, ya que a pocos días de haberse iniciado el proceso electoral han salido a la luz una serie de eventos desafortunados que de ser ciertos, evidenciarán que el Instituto Electoral Local se encuentra funcionando bajo la presión de por lo menos dos grupos, uno de ellos el que obedece a los intereses del partido en el poder y el otro el que intenta concretizar los oscuros intereses de quienes se niegan a permitir la democratización de nuestro estado, y que de persistir la pasividad de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, traerá como consecuencia que los consejeros del instituto Electoral de Coahuila deban seguir el guion que cualquiera de estos grupos le dicte, lo que contribuirá en la restauración y consolidación autoritaria del mismo sistema hegemónico que nos ha gobernado hasta hoy.

Es evidente que el antídoto contra la intromisión de los gobiernos y políticos en los procesos electorales no ha funcionado, lo que sin duda nos obliga traer nuevamente a la mesa de discusión el debate sobre si se debe o no eliminar a la autoridad electoral local; todo esto, ante la imposibilidad de contener el voraz apetito de los gobernantes que con su conducta tiraron por la borda tanto el esfuerzo de democratizar nuestra nación, como los recursos que se han invertido para la adecuación de este nuevo sistema electoral.
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