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Alejandro Irigoyen Ponce
Alejandro Irigoyen Ponce
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17 Febrero 2015 05:06:48
Un tornillo… o la corrupción que mata

Los peritajes que realizó la Procuraduría de Justicia del DF, y los resultados de la investigación paralela de la Secretaría de Energía señalan lo mismo: la pipa que explotó en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa contenía más gas LP del permitido por las normas, tenía “fracturados” dos tornillos y además, tenía un flotador sujeto con alambres para surtir menos combustible de lo que marcaba el contador. Una pipa muy a la mexicana, con chicanadas, con tornillos que no corresponden, diseñada para robar y además, con más carga de la permitida para sacar unos pesos extra al ahorrar algún viaje.

Simple y sencillamente la corrupción que domina literalmente todas las expresiones de nuestra cotidianidad y que cuestan vidas. No se trata de crucificar a la empresa Gas Express Nieto (a la que revocarán algunos de sus permisos de distribución de combustible), sino ponderar el hecho de que resulta sólo un ejemplo más del contexto en el que permanecemos, desde hace décadas, inmersos los mexicanos.

Y habrá quien se rasgue las vestiduras y grite a los cuatro vientos que cómo es posible que esto suceda; que se requiere un castigo ejemplar contra la mañosa empresa y que se establezcan protocolos para evitar que una tragedia como la de Cuajimalpa se repita.

Bien, sólo habría que recordar que el país se mueve sobre rieles diseñados a golpe de desidia, corrupción, impunidad y una altísima permisividad social que literalmente aseguran que tragedias de este tipo, y de muchos otros, se repitan cíclicamente.

Claro que la corrupción mata: la de empresarios sin escrúpulos y voraces, la de autoridades omisas, la de ciudadanos apáticos e irresponsables, la de todos, tarde o temprano, en mayor o menor medida.

Es necesario entenderlo en su justa dimensión. Cuando un gobernante, de cualquier esfera, de cualquier color partidista, desvía recursos públicos, golpea directamente la posibilidad de aumentar la infraestructura hospitalaria, de vialidades, de rescate de espacios públicos y todo ello cuesta, tarde o temprano, vidas.

Cuando autoridades de cualquier nivel permiten, por acción u omisión, corrupción o incapacidad y en muchos casos por abierto contubernio y complicidad, que delincuentes hagan y deshagan a su antojo, son corresponsables directos de cualquier delito que éstos cometan, y eso cuesta muchas vidas.

Cuando un burócrata permite que empresas operen fuera de norma, cuando simulan verificaciones, cuando no hacen su chamba, son también corresponsables de que, por ejemplo, verdaderas bombas de tiempo circulen por las calles cargadas de gas o cualquier combustible. Eso mata.

Y en todo ello, los ciudadanos somos corresponsables ya que nos gana, invariablemente, el síndrome del “Ejército de la complacencia” (Dresser dixit), que se traduce en nuestra vocación de criticar mucho en privado, pero hacer poco en público, a permanecer, finalmente, “sentados sobre nuestras manos”.

Sí, castigo a la gasera, pero con la certeza de que se trata sólo de un ejemplo más de lo profundamente enquistado que se encuentra el cáncer de la corrupción en nuestra vida. Resultaría hasta ocioso el proyectar algún cambio sustancial en el escenario nacional, pero el reconocer que somos parte del problema tal vez ayude, en un futuro incierto, a establecer dinámicas de comportamiento más sanas, un poquito menos corruptas.
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