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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Diputada Federal, Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro honorario del Colegio de Biólogos de México. A nivel local ha ejercido diversos cargos, entre ellos el de Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario del Municipio de Monclova, Coahuila (1997-1999), su ciudad natal. Asimismo, fue Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2008-2011) en Coahuila, en donde sus principales acciones se concentraron en controlar la tala forestal clandestina en las sierras de Coahuila; conservar las Áreas Naturales Protegidas así como la fauna endémica y exótica; inspeccionar y sancionar a las industrias; verificar los residuos peligrosos y especiales y hacer un inventario de los pasivos ambientales del Estado. Inició su trayectoria legislativa en el H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, fungiendo como Diputada en la LVII Legislatura (2006–2009), en cuya oportunidad participó en las Comisiones de Medio Ambiente, Equidad de Género, Energía y Minas y presidió la Comisión del Agua. Como resultado de su actividad legislativa se impulsó una nueva Ley del Agua, la Ley de Protección a la Maternidad, así como reformas a diversos artículos del Código Penal. A nivel federal se desempeñó como Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste y Región Centro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003-2004), y ocupó el cargo de Senadora de la República en las LXII y LXIII Legislaturas (2012-2018), siendo la primera Senadora en la historia de Coahuila en haber sido electa por el principio de mayoría. En tal carácter se desempeñó como Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y Secretaria de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, así como de Derechos Humanos, colaborando como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y del Parlamento Latinoamericano en las Comisiones de Medio Ambiente y Turismo. Asimismo, ha sido Consejera Nacional del Partido Acción Nacional, Miembro de la Comisión Permanente de su Comité Ejecutivo Nacional, así como Coordinadora Nacional de Desarrollo Sustentable, y Coordinadora de Medio Ambiente de la Coalición Por México al Frente. Actualmente es Diputada Federal en la LXIV Legislatura, responsabilidad desde la que continúa trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. Dirección: Cámara de Diputados, Oficina 64, Edificio H, Piso 2, Avenida Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México, 50-36-00-00, ext. 59866. Página web: https://silviagarza.com.mx/ Correo: [email protected] Facebook: Silvia Garza Diputada, Twitter: @Silvia_Diputada, Instagram: @Silvia_Diputada

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28 Octubre 2018 04:00:00
Una consulta sin tren de aterrizaje
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, como medio de ampliar la participación de la ciudadanía, diversos mecanismos de consulta. Ejemplo de ello es el Artículo 2°, apartado B, fracción IX, que obliga a las autoridades a consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Asimismo, el Artículo 35, fracción VIII, señala como un derecho ciudadano votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Para ello es indispensable que la consulta sea convocada por el Congreso de la Unión, en el entendido de que cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes. Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, mientras que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

Como puede apreciarse, existe un marco constitucional definido para realizar cualquier consulta, mismo que debe respetarse para que esta tenga validez jurídica y sea vinculante para las autoridades. No seguir este procedimiento, como sucede con la consulta que actualmente se lleva a cabo para definir el futuro del nuevo aeropuerto, es actuar con desa-pego a la ley y realizar una simulación.

Esta simulación es más evidente cuando se toma en cuenta que otros temas de trascendencia nacional no serán sometidos a consulta, entre ellos la construcción del tren maya y la de dos refinerías en el Sureste del país. Si esta fuera la tónica, también requerimos una consulta para que la población decida si se disminuyen los impuestos que han provocado el gradual y constante incremento en el precio de las gasolinas. López Obrador prometió en campaña que los precios de las gasolinas bajarían. Es hora de cumplirle al pueblo de México.

En el Partido Acción Nacional preocupa la frivolidad y poca seriedad con la que el Presidente electo ha asumido en el tema de las consultas. Con relación al aeropuerto de Texcoco, el PAN ha señalado que el Gobierno federal entrante debe asumir plenamente su responsabilidad de gobernar y decidir el futuro de este aeropuerto, toda vez que se trata de una decisión técnica y no política.

Es indispensable que el gobierno de transición tome en serio este asunto cuya relevancia y prioridad exige decisiones serias, tomadas de la mano de especialistas y académicos que sustenten razones de fondo y no ocurrencias provenientes de una campaña que ya concluyó.

Cualquiera que sea el resultado de la consulta sobre el aeropuerto, el daño ya está hecho. El Gobierno federal entrante ha demostrado que en vez de ejercer las atribuciones que la Constitución le otorga, fingirá tomar decisiones con base en consultas que, sin reunir los requisitos legales, avalen sus políticas partidistas. Tal situación no sólo afectará a las instituciones creadas para tutelar el derecho humano a la participación pública, sino que provocará incertidumbre jurídica en perjuicio del desarrollo del país.

Estamos entonces ante el peor de los escenarios, uno en donde los ciudadanos sólo podemos ejercer nuestros derechos contemplados en la Constitución de manera parcial, errática y sin sustento jurídico.

En estos días no se decide únicamente sobre la ubicación de un aeropuerto, sino también sobre el ingreso de cientos de familias que viven de esta actividad, el flujo de bienes comerciales e inversiones, la movilidad y conectividad de pasajeros nacionales y extranjeros, en suma, sobre el México que heredaremos a las futuras generaciones.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!
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