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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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24 Octubre 2017 04:00:00
Una mala batalla
A veces parece que el presidente Enrique Peña Nieto no sabe aquilatar la importancia de cada batalla. Todo enfrentamiento tiene costos políticos; por eso, antes de confrontar a un enemigo, hay que sopesar costos y posibles beneficios. Una primera pregunta es si se puede ganar la batalla; la segunda es: a qué costo.

En la decisión de destituir al exfiscal electoral, Santiago Nieto, los costos ya han rebasado los posibles beneficios. Y la batalla apenas empieza. ¿Era necesario despedir a un fiscal electoral nombrado por voto unánime del Senado? La pregunta es relevante sobre todo porque la PGR no ha acusado a Nieto de haber cometido un delito, sino de una supuesta falta al Código de Ética de la institución.

Aunque la PGR no ha presentado acusaciones, Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, sí ha declarado que va a demandar a Santiago Nieto por violentar sus derechos y dar a conocer información privada. Lozoya se refiere a la declaración del exfiscal al periódico Reforma de que había recibido una carta de Lozoya para presionarlo. Lozoya ha dado a conocer esa carta para avalar su posición de que no había en ella ninguna presión al fiscal.

La destitución del fiscal ha generado ya una gran unidad entre los partidos de oposición. Sus senadores han anunciado que tratarán de revertir la destitución. Para esto necesitan una mayoría simple en la Cámara, que no es imposible de alcanzar. El PRI y el Partido Verde buscarán defender la destitución, pero no hay certeza de que puedan prevalecer.

Pase lo que pase en el Senado, el perdedor será el gobierno de Peña Nieto. Si el fiscal es reinstalado, el gobierno habrá sufrido un golpe humillante. Si no lo es, la destitución se convertirá en la supuesta prueba de una elección fraudulenta y en bandera de la oposición.

El subprocurador Elías, procurador en funciones, escribió ayer en El Universal que el fiscal “hizo declaraciones públicas sobre hechos y datos relacionados con investigaciones a su cargo. Reveló nombres, montos y fuentes de financiamiento a diversos partidos políticos y candidatos independientes que debió mantener en estricta reserva. Probablemente violentó el marco legal y actuó en contra del Código de Conducta de la PGR”.

El procurador en funciones no menciona ni el caso Odebrecht ni a Emilio Lozoya, pero el abogado de Lozoya, Javier Coello, es más abierto. En una entrevista para Radio Red dijo ayer: “A Santiago Nieto se le fue la boca”. Coello reitera que Lozoya nunca amenazó o presionó al fiscal. Lo único que el exdirector de Pemex buscaba con la carta al fiscal es que la Fepade deslindara las presuntas responsabilidades de Lozoya. La decisión del procurador en funciones, dice Coello, busca impedir que se viole el debido proceso de su defendido.

Elías Beltrán ha negado que el presidente Peña Nieto haya ordenado la destitución de Nieto para apoyar a Lozoya, su amigo y excolaborador. En una entrevista ayer me aseguró que él tomó la decisión personalmente. Es difícil creerlo, pero, aunque así haya sido, el daño político para el gobierno de Peña Nieto es ya enorme.

Una vez más el Presidente da la impresión de no haber sabido escoger una batalla. Si realmente Lozoya lo convenció de que el fiscal estaba violando la ley, la PGR debió haber iniciado un proceso legal en su contra. La destitución por faltas éticas que no quedan claras es no sólo una tontería sino un disparo por la culata. Le complica el final de sexenio al Presidente, sin ningún posible
beneficio.

Extorsión

Un grupo de supuestos campesinos bloqueó ayer los dos sentidos de Constituyentes, generando un enorme caos vehicular, para pedir dinero del erario. La extorsión no ha sido legalizada en México, pero es la norma para exigir recursos públicos.
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