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Leopoldo Ramos
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20 Septiembre 2015 04:05:24
Verdad enterrada
El periodista Arturo Rodríguez García escribió esta semana en la revista Proceso: “‘Es una decisión presidencial’, dijo a los deudos un solemne Jesús Murillo Karam sobre el rescate de los cuerpos de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos. Era el 4 de julio de 2013 y el gobierno de Enrique Peña Nieto se estrenaba con promesas de cambio en la política de seguridad y derechos humanos.

“A tres años de distancia, la ‘decisión presidencial’ fracasó. Las causas que produjeron la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos seguirán siendo una incógnita. El compromiso para el esclarecimiento quedó en un carpetazo por prescripción de delitos que dejan en la impunidad a quienes tuvieron responsabilidad en la tragedia minera de 2006”.

Arturo Rodríguez conoce bien el tema, pues además de encargarse de la cobertura de la peor tragedia minera en México durante el presente siglo, es originario de Coahuila y tiene conocimiento profundo sobre la problemática social de éste y del resto de los estados que integran la zona noreste del país.

En su texto destaca la resolución del 1 de septiembre, donde la Procuraduría General de la República se desentiende de las investigaciones por homicidio que había ante la muerte de los 65 obreros en Pasta de Conchos y la desaparición de 63 de ellos, cuyos cadáveres permanecen sepultados, contra la voluntad de sus familias, en el socavón del ejido Santa María, municipio de San Juan de Sabinas.

La PGR se declaró incompetente para continuar con las indagatorias, aprovechando los argumentos legales y la promoción de amparos por parte de Grupo México, concesionario de la carbonera, que el domingo 19 de febrero de 2006, a las dos de la mañana, estalló y se convirtió en el cementerio de 63 obreros, pero como Arturo Rodríguez lo cita en Pasta de Conchos, otro fracaso de Murillo Karam, en realidad el
Gobierno de Enrique Peña Nieto nunca mostró voluntad para reactivar la búsqueda de los trabajadores, rescatar sus restos, entregarlos a sus familiares y determinar la forma en que murieron, con lo cual se esclarecería el caso.

Dentro de unos meses la tragedia en Pasta de Conchos cumplirá 10 años. Habrá manifestaciones de repudio, se alzará con más fuerza el reclamo de los familiares de las víctimas para la recuperación de los cadáveres; los políticos y gobernantes manifestarán su indignación y solidaridad con los deudos.

Como cada aniversario luctuoso, pero con la acentuación de que se llega a la primera década, grupos sociales pedirán que la muerte de los 65 mineros sirva para resolver las carencias y condiciones precarias e inhumanas en que siguen trabajando miles de coahuilenses que diario bajan a las minas, y la Iglesia católica, polarizada como está en Coahuila, por un lado apelará a la resignación y por otro cultivará las
exigencias de justicia.

Todo eso pasará en febrero próximo, pero por lo visto lo único que no ocurrirá es una acción definida del Gobierno mexicano para contratar a especialistas, entrar a la mina y sacar de los escombros la verdad que permanece enterrada a 700 metros de profundidad.
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