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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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18 Junio 2018 04:08:00
Violencia electoral
El asesinato de Fernando Purón, candidato del PRI a diputado federal por el Distrito 1 de Coahuila, con cabecera en Piedras Negras, el 8 de junio, ocurrió en un contexto nacional de violencia y encono político. Horas después del atentado contra el exalcalde, Rosely Danilú, aspirante a regidora del Ayuntamiento de Isla Mujeres, Quintana Roo, fue baleada en una reunión con priistas. El 14 de junio, un comando abatió a Alejandro Chávez (PAN, PRD, MC), quien buscaba la reelección como alcalde de Taretan, Michoacán. Los casos elevaron a 114 el número de políticos asesinados en el actual proceso electoral, de los cuales 44 aspiraban a distintos cargos.

Entre el atentado contra el exdelegado de la Procuraduría de Justicia del Estado, Carlos Centeno, en Torreón, y el asesinato de Purón, en el otro extremo del territorio, mediaron 10 horas. Centeno, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), resultó herido de gravedad, pero su escolta falleció. La concatenación de sucesos encendió las alertas en La Laguna, la frontera y otras regiones del estado por el riesgo de nuevas agresiones. Los candidatos del PRI suspendieron campaña por varios días.

El homicidio de Purón es el segundo de alto impacto en la frontera. José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador y exlíder del PRI Humberto Moreira, fue asesinado el 3 de octubre de 2012 en Ciudad Acuña, por una supuesta venganza del cártel de los Zetas. El aspirante a diputado se jactaba de haber erradicado del municipio a esa organización, durante su ejercicio como alcalde (2014-2017). “Nosotros le arrebatamos la ciudad a los Zetas y se la devolvimos pacificada a los ciudadanos”, manifestó en el debate de candidatos celebrado en el auditorio de la UAdeC, previo al asesinato.

Junto con Torreón, Piedras Negras ha sido una de las regiones más castigadas por la delincuencia organizada. El terror lo prueban estudios como el denominado Control Sobre Todo el Estado de Coahuila: Un análisis de Testimonios en Juicios Contra Miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, de la Universidad de Texas, en Austin, presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja del Congreso de Estados Unidos. El documento contiene denuncias sobre el pago de sobornos a altos funcionarios del estado.

En El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011 (El Colegio de México), de los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, se lee: “La cárcel (de Piedras Negras) era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror Zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, el Gobierno estatal y federal subsidiaban el centro penitenciario. En 2011 el presupuesto gubernamental dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos. Entre el 18 y el 22 de marzo de 2011, los Zetas desencadenaron una venganza en toda la región. Desde Allende y Piedras Negras se hicieron en esos cinco días mil 451 llamadas al teléfono de emergencia 089. (…) El (caso) no está esclarecido o cerrado”.

En el asesinato de Purón, émulo y hechura de Rubén Moreira, concurrieron dos factores: la osadía –en ciertos temas se impone la prudencia– y una grave falla de seguridad. ¿Exceso de confianza? ¿Abandono? Coahuila era uno de los seis estados donde no se registraban agresiones contra candidatos. Si Purón era uno de los objetivos del crimen organizado, ¿qué determinó la fecha y el lugar para abatirlo? ¿Cuál es el mensaje y a quién está dirigido?
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