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Lariza Montiel
Lariza Montiel
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03 Septiembre 2017 04:00:00
Y el porqué de las ‘cuotas’
La igualdad es un principio constitucional que establece que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, o lo que es lo mismo, que, sin distingo, tenemos los mismos derechos y obligaciones frente a los demás. 

De ahí que, ya en este siglo 21 los efectos de la lucha de muchísimas mujeres, y hombres también, se ha empezado a dejar sentir, a través de múltiples modificaciones a las leyes que implican el reconocimiento a esa igualdad de derechos para participar en la toma de decisiones de la vida pública de nuestro país. 

Esa trayectoria, que podemos afirmar inicia con el establecimiento de la primera cuota de género en la reforma político electoral de 2002, cuando se estableció por primera vez que un porcentaje de las candidaturas a cargos del Poder Legislativo federal debían ser de género distinto (mujeres) al mayoritario (hombres). La primera medida o cuota fue del 30% mínimo de candidaturas de género distinto. 

Ese primer paso llevó consigo la necesidad de ir adecuando las leyes de los estados para incluir esa misma proporción (70/30) en los cargos de los congresos locales. 

Esta primera cuota fue muy cuestionada en su momento, no obstante ello, evolucionó en el espacio temporal y hoy, a nivel federal y también en los poderes estatales, está reconocido que el 50% de los cargos deben ser ocupados por mujeres y el otro 50% por hombres. 

Hoy en día hay muchos y muchas políticas que presumen que son promotores del respeto a los derechos de las mujeres y en especial de la igualdad de derechos. Se han creado secretarías de Estado, comisiones ejecutivas y legislativas, redes e incluso un sistema nacional y estatal para promover políticas y acciones de inclusión. 

Sin embargo mucha distancia hay aún entre vivir bajo la convicción de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley y que no solo tenemos derecho a, sino que debemos ocupar espacios públicos en la misma proporción, para asegurar que el sentido de las decisiones tomadas por aquellos sean las más convenientes a los intereses del total de la población. 

Y me refiero a ello pues a pesar de que en espacios como el Congreso del Estado, aquí en Coahuila hemos sido reconocidos por ser uno de los órganos que con casi el 50% de participación de mujeres legisla, aún sus integrantes están lejos de actuar bajo esa convicción de igualdad cuando no están sujetos a una cuota. 

El pasado lunes 28 de agosto elegimos a la comisión de 9 ciudadanos que serán responsables de elegir, a su vez, a otros 5 ciudadanos que integren el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Más allá de las debilidades en la integración de este órgano relacionadas con la falta de equilibrios en razón de la no inclusión de perfiles que han sido críticos al gobierno actual y que se quedaron en la banca de aspirantes, situación que ya fue muy difundida por los medios de comunicación, otro desequilibrio fue en cuanto al número de mujeres designadas, solo 2 de 9 posiciones. 

Argumentando que fue “muy pobre la participación de las mujeres” en la convocatoria abierta por el Congreso a la ciudadanía en general para registrar su aspiración y someterse a una entrevista personal, los diputados, y sus diputadas también, quienes conforman la mayoría legislativa PRI, Nueva Alianza y PVEM, cerraron la puerta a incluir más mujeres en este órgano tan importante y de tanta actualidad para el combate a la corrupción. 

Y es que si bien es cierto que el número de mujeres que registraron su aspiración a esta función específicamente, fue en proporción menor al de los hombres, ello no debió ser obstáculo para que, si de verdad creyéramos que estos colegiados deben integrarse igualitariamente, se hubiera hecho lo necesario para lograrlo. 

Por perfiles no faltó, lo que faltó fue voluntad política de quienes en sus manos tenían la oportunidad de dar muestra de que la igualdad de género no es solo una teoría, de que no es un discurso, sino una convicción y de que no se necesitan de cuotas forzadas por la ley para tomar decisiones con perspectiva de género.  

De ahí que en pleno 2017, a 15 años de haberse consumado la reforma legal que abrió las puertas para que en el Congreso del Estado podamos estar mujeres y hombres en casi la misma proporción, aún sigue vigente la batalla por el verdadero respeto a la equidad de género.  


Lariza Montiel Luis
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