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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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18 Agosto 2017 04:00:00
¿Y los derechos humanos?
Indignada se encuentra la ciudadanía con los elementos de la Policía Municipal de Saltillo que provocaron la muerte a un maestro, luego de detenerlo, la semana pasada, en una de las colonias de nuestra ciudad. Es evidente que la principal causa del fallecimiento del docente significó la gota que ha derramado el vaso, por consecuencia de las constantes violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos saltillenses por parte de la autoridad municipal. Los arrestos sin motivo o los ingresos de ciudadanos a las celdas municipales por el supuesto hecho de encontrárseles alcoholizados, sin mediar un examen de alcoholemia, como lo marca el reglamento, son la firme línea que ha dado el alcalde a través del director de la Policía Municipal, con el inequívoco propósito de recaudar recursos por medio de estratosféricas multas impuestas por el Cabildo.

Algunos funcionarios estatales no dudaron en exigir la destitución inmediata del alcalde Isidro López Villarreal y la imposición de castigos a los responsables. Sin duda, serían bastante acertadas las exigencias y consignas de estos políticos, sin embargo, es inevitable la suspicacia, al considerar que el Gobierno estatal busca aprovechar el grave error de las autoridades municipales, sin embargo es innegable que desde el inicio de esta Administración municipal se ha permitido a los policías sistemáticas violaciones a los derechos más elementales de los pobladores de nuestro municipio, las cuales, al ser consentidas tanto por el alcalde como por el director de la Policía Municipal, era de esperar que tarde o temprano se excederían en sus funciones y ahora estás son las consecuencias.

Lamentable ha sido la respuesta del alcalde saltillense, el cual, con un dejo de cinismo, quiso probar suerte intentando en una primera comparecencia culpar a la víctima de su propia muerte. Para desgracia de los coahuilenses, estos lamentables hechos nos hacen recordar cuando en Monclova, el 19 de junio de 2013, una persona fue privada de su libertad por elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), por la presunta comisión de un delito. En aquel evento los agentes estatales, “con motivo de sus funciones y abusando de ellas”, golpearon y lesionaron al detenido al momento de bajarlo de la unidad que conducía, para subirlo a un vehículo oficial. Posteriormente, el agraviado estuvo desaparecido hasta el día 19 de julio de 2013, fecha en que su cuerpo fue encontrado sin vida en un paraje del municipio de Monclova. A estos hechos devino una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila en la cual se pidió al estado, frenar las detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y desapariciones forzadas, lo que sin duda ahora está sucediendo en Saltillo, con mucha más frecuencia de lo que los ciudadanos podamos imaginarnos.

El precario conocimiento tanto del alcalde como del director de la Policía Municipal en materia de derechos humanos nos hace entender por qué, el pasado mes de junio, cuando se conmemoraba el 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, el titular de dicho organismo denunció que, del total de las recomendaciones que ha emitido, a partir de la presente Administración, sólo el 20% ha sido cumplido con éxito y responsabilidad por parte de la función pública. Es decir que en Coahuila hay mucho por hacer en materia de derechos humanos.
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