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Juan Latapí
Juan Latapí
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25 Febrero 2018 03:10:00
Y no pasa nada
PARA EL 93 POR CIENTO de los mexicanos que practican algún tipo de cristianismo tienen como mandato no robar, pero del dicho al hecho es grande el trecho y cada vez son menos quienes cumplen con este precepto.

TAL PARECE QUE DISPONER DE los bienes ajenos se ha vuelto una costumbre en nuestro país y cada vez más es visto como algo normal y natural, desde robarse el wi-fi, la luz y hasta robar una casa se ha vuelto algo común. Hay quienes dicen que existen diferentes matices de robos; que no es lo mismo robarle a los ricos para dárselo a los pobre –como Chucho El Roto- que saquear las arcas del Estado; que tampoco es lo mismo robarle el tiempo a alguien que robarle la salud e incluso la vida. Pero se nos olvida a final de cuentas quien dispone de un bien ajeno suele llamársele ladrón.

PERO EL PEOR DE LOS hurtos es robarle a quienes menos tienen, a los más necesitados y desafortunadamente este tipo de robos también ya se ha vuelto costumbre y peor aún: no pasa nada. Tal es el caso denunciado esta semana del desvío de 2 mil 130.9 millones de pesos, entre 2014 y 2016, perpetrados por Sedesol y Sedatu.

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA Federación (ASF) dio a conocer también esta semana, en la tercera entrega de su informe de fiscalización a la Cuenta Pública 2016, las observaciones que hizo por más de 98 mil 102 millones de pesos al gasto transferido a estados y municipios. En este informe la ASF destaca que la deuda de Coahuila fue la que más creció entre 2008 y 2016 al pasar de 1,831. 9 a 36,945,9 millones de pesos, lo que significó un incremento del 1,394.4 por ciento. Así mismo, Coahuila es uno de los ocho estados que concentraban en 2016 más de la mitad de la deuda pública subnacional y, además, tampoco cumplió con el principio sostenibilidad establecido en la ley.

TAMBIÉN ESTE INFORME DE LA ASF señala que en 2016 el Gobierno de Coahuila contrató un crédito a corto plazo por 830 millones de pesos solicitado para inversiones públicas productivas pero se destinó a otros fines; así mismo dicho informe advierte de una inadecuada supervisión del pago de los intereses ordinarios por 11. 7 millones de pesos de los créditos que se gestionan mediante fideicomisos.

LA ASF DETECTÓ TAMBIÉN QUE el Gobierno de Coahuila debió aportar a la Universidad Autónoma de Coahuila 1,251 millones 612 mil 300 pesos para el presupuesto universitario pero sólo suministró 949 millones 499 mil 800 pesos sin explicar dónde quedaron los 302 millones 112 mil 500 pesos faltantes. Así mismo la ASF realizó observaciones financieras a la UAdeC por 99.23 millones de pesos, derivados del uso no autorizado de 69 millones de pesos y un subejercicio por 30 millones de pesos en 2016.

Cabe recordar que el rector de dicha casa de estudios de 2013 hasta 2017 fue Blas José Flores Dávila, actual Secretario de Finanzas de nuestro Estado. Y para acabarla, también la ASF encontró en el Ayuntamiento de Torreón, durante la administración del actual gobernador Riquelme, irregularidades en el manejo de recursos por 260 millones de pesos, de los cuales 68 millones presuntamente se emplearon en pagos excesivos de sueldos de dicho Ayuntamiento durante 2016.

PERO LO PEOR DE TODO es que no pasa nada. Basta recordar que hace un año la ASF dio a conocer que había presentado 322 denuncias penales ante la PGR por los presuntos malos manejos de recursos públicos descubiertos en las entidades federativas, que involucran 146 mil millones de pesos presuntamente desviados de las cuentas públicas entre los años 2011 y 2014. Por su parte, la Federación en dicho periodo acumuló 419 denuncias ante la PGR por múltiples irregularidades, de las cuales 174 –casi el 40 por ciento- corresponden a la Sagarpa, que en esos años estuvo a cargo del ex gobernador de Coahuila Enrique Martínez, donde se detectaron beneficiarios fantasmas. Fantasmas como las empresas que recibieron recursos durante el mandato de Moreira II. Y no ha pasado nada.

DISPONER INDEBIDAMENTE DEL DINERO QUE maneja el Estado, de ese dinero público que es de todos nosotros, del que pagamos a través de impuestos y que debe utilizarse para el beneficio común, sí, robarse ese dinero no tiene nombre –ni madre- y más en un país en el que la mitad está sumida en la pobreza. Pero eso sí, ya nos acostumbramos ver cómo cada vez más funcionarios públicos, al terminar su gestión, son dueños negocios, ranchos, lujosas propiedades y bienes cuya procedencia legal difícilmente pueden comprobar. Pero lo peor es que no pasa nada.

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