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Alejandro Irigoyen Ponce
Alejandro Irigoyen Ponce
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27 Marzo 2014 04:09:40
Ya se habían tardado…
En términos de seguridad, la ciudad de Saltillo se aproxima cada vez más a la caracterización de verdadero desastre. Los delitos considerados por las autoridades como de “bajo impacto” -que nunca lo son para el que lo sufre- registran una incidencia que se puede ubicar por centenas y en forma lineal la ciudadanía tiene razones de peso para sentirse cada día un poquito más vulnerable, a merced de los delincuentes llamados comunes que roban y asaltan en negocios, la vía pública, escuelas y en los hogares.

Los medios de comunicación dan cuenta un día sí y el otro también (desde hace meses) de lo que pasa en nuestras calles y colonias y no es otra cosa que con mayor o menor grado de violencia, los delincuentes se han apoderado literalmente de nuestra tranquilidad y certidumbre.

Hace tres semanas, desde este mismo espacio se advertía la administración política del conflicto como única explicación posible a la dilación y aparente apatía con que las autoridades estatales y federales se reducían a sí mismos a meros espectadores de lo que sucedía y sucede en Saltillo.

No había que darle muchas vueltas, ya que si bien la corporación encargada en primera instancia de inhibir los robos y asaltos es la Policía Preventiva, ésta se encuentra totalmente rebasada, incapaz por número, formación y vocación (evidentemente) de brindar un mínimo de seguridad a la ciudadanía.

Bueno, pues resulta que el Gobierno del Estado por fin decidió entrarle al tema, ya que según Armando Gutiérrez, integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, la Policía Estatal reforzará la vigilancia de la capital con una estrategia de mayor presencia y en cuadrantes.

La información disponible refiere que habrá policías encubiertos, en motocicletas y bicicletas, especialmente en la zona Centro y en las colonias consideradas como más conflictivas (Bellavista, Teresitas y Mirasierra, entre otras) para intentar inhibir robos y asaltos, y en su caso, tener mayor capacidad para una respuesta oportuna y eficiente.

El contexto obliga a otorgar un voto de confianza y desear que la acción coordinada y conjunta de fuerzas municipales y estatales logren efectivamente abatir la incidencia de robos y asaltos, que por fin se logre devolver a la ciudadanía un poco de la paz y tranquilidad perdidas, pero también a estar muy al pendiente del desempeño operativo de esta nueva estrategia contra la delincuencia, ya que si hay algo en lo que no es admisible experimentar o jugar a las ocurrencias, es precisamente en seguridad pública.

La gran diferencia entre los recursos retóricos, las “buenas intenciones”, los planes que se esbozan con generosidad de miras y la eficiencia operativa son precisamente los resultados. La ayudadita del Estado debe, a la brevedad, significar una disminución sustancial en la oleada de delitos “de bajo impacto” que sufre la ciudad, debe significar que se empezarán a hacer las cosas bien y que se atacará de frente y tope donde tope el fenómeno, ya que de lo contrario, un lance infructuoso le estaría arrebatando a los ciudadanos algo más que tranquilidad, la esperanza.

Bueno, ya se habían tardado, ahora que lo hagan bien.
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