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Carmen Aristegui
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Carmen Aristegui Flores. Periodista y conductora de programas de radio y televisión de amplia experiencia y reconocimiento en México.

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05 Agosto 2016 04:00:00
Yunes y Duarte
El duelo entre Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte de Ochoa, gobernadores entrante y saliente de Veracruz, representa una de las más encarnizadas batallas entre gobernadores que se hayan registrado en los últimos años. Sólo comparable a la desatada entre los gobernadores César Duarte y Javier Corral de Chihuahua, la contienda se desarrolla en los terrenos de lo político, lo mediático y lo judicial de manera muy intensa.

La confrontación se ha agudizado en las últimas horas. Ayer, Duarte de Ochoa amplió su denuncia contra Yunes por haber adquirido, a través de su hijo Omar, 11 propiedades más –de las ya denunciadas– en Polanco y Las Lomas en la Ciudad de México y en la entidad veracruzana. Días atrás, presentó la denuncia principal por “el aumento desproporcionado del patrimonio” de Yunes y su familia. Exhibió datos, documentos, direcciones y fotografías de lo que habría adquirido Yunes de manera directa o indirecta a través de su esposa, hijos o empresas familiares por un monto en propiedades que rebasa los 300 millones de pesos.

Duarte lanzó ese misil por la tarde, apenas horas después de que su Gobierno tuvo que anunciar la renuncia de Arturo Bermúdez Zurita al cargo de secretario de Seguridad Pública, “... con la finalidad de esclarecer el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusaciones que se le imputan ante las instancias correspondientes”, señala el comunicado. La renuncia se dio horas después de que Reforma publicara que el funcionario posee 19 casas y 24 empresas y de que el portal Aristegui Noticias diera a conocer que Bermúdez y su esposa son propietarios de cinco residencias en The Woodlands, un complejo residencial en el estado de Texas, valuadas en 2.4 millones de dólares, adquiridas apenas un año después de su llegada al cargo en 2012 y en abril de este año. Aristegui Noticias recibió, en días pasados, una serie de documentos sobre las propiedades de la pareja. La Unidad de Investigaciones Especiales del portal consultó los archivos oficiales de Texas, a los cuales se tiene acceso de manera gratuita vía internet, y se comprobó la autenticidad de las propiedades de Bermúdez y su esposa. Los periodistas obtuvieron y publicaron también fotografías de las residencias. La exhibición pública de tal enriquecimiento hizo insostenible a uno de los hombres más cercanos a Duarte.

El gobernador electo Miguel Ángel Yunes entregó, por su parte, a Reforma una relación de propiedades en la Ciudad de México, Xalapa, el puerto de Veracruz, Quintana Roo y Texas. El periódico indagó sobre otras propiedades a nombre de familiares del funcionario y de presuntos testaferros, uno de los cuales –según lo reportado por Benito Jiménez en su investigación– es apoderado legal de las empresas cuyos propietarios son familiares del hoy ex secretario de Seguridad.

Apenas el 19 de julio de este año, Yunes presentó una denuncia penal para investigar lo que llamó “una red” de presuntos prestanombres de Arturo Bermúdez Zurita, que habrían creado un grupo de empresas para prestar servicios al Gobierno estatal, mismas que estarían en la lista de quienes cobrarían adeudos al estado por más de 70 millones de pesos.

Aunado a las denuncias de Yunes, el Gobierno de Veracruz ha estado bajo la mira de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ha presentado 45 denuncias penales contra la administración de Javier Duarte por el mal manejo de recursos públicos, según dice un reporte oficial con fecha del 31 de mayo de 2016. Con ganas de ganar un tanto ante la opinión pública, presentó su declaración 3de3 pero, frente a todo lo demás, el efecto resultó más bien nimio.

Duarte ha sido acusado de malversación de dinero público a través del sistema de pensiones, de mal uso del dinero de la Universidad y de la existencia de una red de empresas fantasma que, presuntamente, ofrecían servicios a su gobierno.

En medio del estreno del Sistema Nacional Anticorrupción, los gobernadores libran su batalla acusándose mutuamente de corrupción. No queda claro si, en algún momento, intervendrán autoridades federales o no. Difícil saber cómo acabará esto y si, alguno de los dos, pisará la cárcel.
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