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hace cerca de 8 meses
Víctor Fuentes

Piden a SCJN resolver sobre maíz

Reforma

Un tribunal solicitó a la Corte resolver si debe permanecer una medida cautelar que prohíbe siembra de maíz genéticamente con fin comercial.

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El litigio judicial por el maíz transgénico, que inició hace más de cuatro años, no tiene para cuándo.

Un tribunal federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia atraer el caso y resolver en definitiva si debe permanecer una medida cautelar que, desde 2013, prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado con fines comerciales.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil votó por solicitar la atracción desde el 27 de noviembre, pero notificó oficialmente su resolución hasta el 15 de febrero, casi tres meses después.

"La medida cautelar que nos ocupa persigue impedir que se produzcan daños irreparables en los maíces nativos del País, es decir, que están en juego derechos humanos como el derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado", argumentó el tribunal para justificar la importancia excepcional del asunto.

La Suprema Corte ya había desechado en mayo de 2017 una solicitud para atraer el caso, ya que fue presentada por la empresa Monsanto, que no estaba legitimada legalmente para hacer la petición.

Ahora, ante la solicitud del tribunal colegiado, la Corte sí tendrá que estudiar si el asunto tiene características que ameriten su intervención extraordinaria, lo que podría tomar varios meses.

La medida cautelar, dictada originalmente en septiembre de 2013 y modificada en 2016, fue dictada por el Magistrado federal Benjamín Soto y sólo autoriza al Gobierno para expedir permisos en fases experimentales o de proyectos piloto, sujetos a múltiples medidas de contención que, según las empresas afectadas, suplantan las reglas previstas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Las empresas impugnaron la medida mediante un amparo, que fue negado en primera instancia por el magistrado Armando Cortés.

El recurso de revisión contra esta sentencia, que llegó al tribunal colegiado en noviembre de 2016, es lo que ahora se pretende sea atraído por la Corte.

La Segunda Sala del máximo tribunal ha resuelto en años recientes algunos amparos contra soya transgénica, pero solo por lo que respecta al derecho de consulta previa a comunidades indígenas.

El grupo que promovió la acción colectiva en la que se concedió la medida cautelar afirma que el uso de maíz transgénico amenaza a las variedades nativas y puede afectar la salud de los consumidores.

Las empresas agroindustriales, en tanto, sostienen que la medida cautelar es un acto arbitrario, por el cual el Magistrado Soto desconoció la Ley de OGM, fijó obligaciones a autoridades como la Sagarpa y asumió funciones propias de un órgano regulador.

De atraer el caso, la Corte también podrá pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que permite a los jueces dictar prácticamente cualquier medida cautelar durante el trámite de una acción colectiva.