Bogotá, Colombia.- Colombia ya acusó recibo de lo que se anticipaba desde hace semanas en círculos políticos de América Latina: que la lucha contra el narcotráfico será el eje de la relación del presidente Donald Trump con la región.

Y, además, que la nueva estrategia para combatir ese fenómeno privilegiará, como en el pasado, las medidas represivas y las operaciones de corte policiaco y militar.

Funcionarios del Gobierno colombiano dijeron que Washington ha hecho saber a Colombia que el crecimiento de cultivos de hoja de coca en el país es un asunto “demasiado serio” para Trump y que eso requiere “soluciones rápidas” y el empleo de “acciones de fuerza”.

El sociólogo Ricardo Vargas, experto en cultivos ilícitos y políticas antidrogas, señala que “hay una presión fuerte de Estados Unidos para que Colombia reduzca el área (de plantaciones cocaleras) con un enfoque cortoplacista y represivo”.

Eso, indica, está deslegitimando la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos incluida en los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

En los primeros tres meses de este año, el Ejército y la Policía han erradicado por la fuerza 8 mil 100 hectáreas de cultivos de hoja de coca, 56% más que en el mismo periodo de 2016.

Sólo en marzo fueron erradicadas 3 mil 452 hectáreas, la cifra más alta para un mes desde hace nueve años, lo que ha provocado protestas y cierres de carreteras de campesinos cocaleros que acusan al Gobierno de incumplir el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Y fue a principios de marzo, precisamente, cuando el secretario de Estado adjunto para Narcóticos y Asuntos de Seguridad de Estados Unidos, William Brownfield, visitó Colombia para advertir al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que es necesario reducir los plantíos de hoja de coca.

Brownfield, que también defiende el uso del glifosato –un herbicida potencialmente cancerígeno– para erradicar los cultivos de hoja de coca, llegó a Colombia exhibiendo las cifras del Departamento de Estado que revelan que esos plantíos crecieron 68% entre 2014 y 2016.

Brownfield advirtió que se necesita “más erradicación” de plantaciones de hoja de coca, y no sólo voluntarias, sino “disuasivas”; es decir, con el uso de la fuerza.

Acuerdos rotos

El problema para Colombia es que los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC incluyen un ambicioso programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que requiere actuar en consenso con las comunidades campesinas cocaleras y no contra ellas.

“Esto implica definir con las comunidades las alternativas de sustitución que sean sostenibles desde el punto de vista económico y socioambiental, y adecuadas para fortalecer las economías familiares, garantizando condiciones de vida digna”, indica el capítulo de drogas ilícitas de los acuerdos de paz suscritos por el Gobierno y las FARC el pasado 24 de noviembre.

También precisa que la erradicación forzosa de plantaciones cocaleras –que ha sido motivo de conflicto social en este país desde hace dos décadas– se dejará como último recurso.

Doble discurso

Pero Ricardo Vargas, investigador sobre drogas del Transnational Institute, señala que el Gobierno colombiano está jugando a dos bandas: por un lado, todos los días firma con campesinos acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y por otro, aplica la política del garrote que exige Washington.

“Estamos viendo un caos en el que las comunidades firman acuerdos de sustitución de cultivos con el Gobierno y a los pocos días les llegan tropas del ejército erradicando sin dar ninguna explicación. Eso se está repitiendo a lo largo y ancho del país”.

Y ese enfoque, dice, “lo van a padecer México, Centroamérica y Colombia, desde luego”, ya que “históricamente las drogas han sido una problemática que ha alimentado otras agendas, como la de seguridad, la del control de comportamiento de los estados y la de control de fronteras”.

Vargas considera que la Administración Trump ubicará el tema de drogas como un problema de seguridad “y por esa vía va a presionar a Latinoamérica para que la política antidrogas se vuelva a radicalizar”.

Apuntó que es inevitable que la estrategia de combate al narcotráfico de la Casa Blanca se cruce con otro tema que obsesiona al Presidente de EU: la migración.

“El fenómeno migratorio no tiene para Trump un origen económico o social, sino que lo mete en una compleja trama en donde incluye también lo criminal como drogas, prostitución e inseguridad, y bajo esa narrativa fortalecerá más una política regresiva en materia de migraciones en Estados Unidos.”

Como en los 80

La politóloga y especialista en temas de seguridad, drogas y crimen organizado, María Victoria Llorente, dice: “es evidente que Estados Unidos está haciendo un replanteamiento de su política antidrogas y esto significa un retorno a ‘narcotizar’ la relación con América Latina, en general, y con Colombia, en particular”.

El Gobierno de Trump, agrega, “se focaliza mucho en el tema de las drogas y es claro que se inclina por una respuesta policiaca, punitiva, a ese problema; eso es lo que va a venir”.

Brownfield presentó en Washington el informe anual del Departamento de Estado sobre narcotráfico en el mundo, el cual asegura que la oferta de cocaína colombiana ha alcanzado “niveles récord”; que por Guatemala pasan más de mil toneladas al año de esa droga y que de México proviene entre 90% y 94% de la heroína que se consume en EU.

El pasado 29 de marzo, Trump anunció la creación de una comisión para buscar soluciones al aumento de muertes por sobredosis de heroína y opiáceos, algo que catalogó como una “epidemia total” y uno de los “mayores problemas” de Norteamérica.

Cifras del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, en 2015 murieron 52 mil personas por sobredosis y al menos una cuarta parte fueron por consumo de heroína, el triple que cinco años antes.

El año pasado, por ejemplo, cuando según el Departamento de Estado estadunidense las plantaciones cocaleras en Colombia llegaron a 188 mil hectáreas y la producción potencial de cocaína se ubicó en 710 toneladas, las incautaciones de esa droga ascendieron a 378 toneladas, una cifra 2.2 veces superior a la de tres años antes.

Es decir, así como han aumentado los cultivos de hoja de coca en Colombia, han crecido las incautaciones de cocaína. Sólo entre 2014 y 2015 estas se incrementaron 71%, al pasar de 148 toneladas a 253 toneladas.

Oferta y demanda

La más reciente Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de Estados Unidos señala que 27.1 millones de estadunidenses mayores de 11 años son consumidores de estupefacientes. 7% de ellos usa cocaína, 82% mariguana –que se produce legalmente en varios estados de ese país–, 7.8% drogas que les prescriben los médicos y 0.3% heroína.

Son precisamente la heroína y opiáceos sintéticos, como el fentanilo, las que mayor riesgo a la salud representan en EU, donde se registraron 52 mil muertes por sobredosis en 2015, 63% por derivados del opio ilegales o recetados por médicos.

Mano dura

El informe anual del Departamento de Estado estadunidense sobre narcotráfico cataloga a Bolivia como un fracaso en la lucha contra el narcotráfico y se queja de los insuficientes esfuerzos para desmantelar a los cárteles de la droga.

Desde luego ese reporte no incluye al propio Estados Unidos, el país donde más circula y se consume droga y donde cada vez se producen más estupefacientes, desde mariguana de uso legal en varios estados, hasta metanfetaminas y analgésicos que se venden en las farmacias.

Para el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas en Colombia, Hernando Zuleta, el reporte “no dice nada nuevo y lo único que tiene es un lenguaje y un discurso antidrogas de los años 80 que indican que Estados Unidos está volviendo a la época de la visión criminal del problema”.

En ese contexto se explican la supuesta oferta o amenaza de Trump para enviar tropas a México a combatir a los “bad hombres” –que en el lenguaje del Mandatario pueden ser narcotraficantes o migrantes– y la propuesta del secretario de Seguridad Interior de EU, John Kelly, de implementar en México un modelo de cooperación antidrogas inspirado en el Plan Colombia.

Pese a todos los esfuerzos coordinados o no entre los países involucrados en la problemática, toneladas de cocaína siguen fluyendo hacia Estados Unidos porque los consumidores no dejan de demandarla. (Con información de Proceso)