Nacional
Por Agencias
Publicado el lunes, 6 de julio del 2009 a las 14:00
México, DF.- Proceso Hace poco más de un año, un voluminoso paquete de expedientes con información confidencial sobre políticos destacados del PRI y PRD comenzó a divulgarse entre los círculos de poder (Proceso 1653), lo que originó una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) tras las denuncias que hicieron dos senadores, el priísta Manlio Fabio Beltrones y Ricardo Monreal, del PT.
Seis meses después ya se tenía localizada la red de espionaje que operaba desde el municipio de Naucalpan, Estado de México, con funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Policía Federal Preventiva y de la Secretaría de Hacienda, quienes supuestamente tenían nexos con el ex procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida, candidato a diputado federal por el PRI. De inmediato, el ex funcionario desmintió esta versión.
Como parte del operativo realizado desde el 6 de noviembre de 2008, en dos casas se encontró información sobre adversarios políticos del gobernador Enrique Peña Nieto, entre ellos los senadores Beltrones y Monreal, así como de Andrés Manuel López Obrador y la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes.
Se identificó al menos a 13 operadores, contra los que se liberaron órdenes de aprehensión, incluido Luis Miguel Dena Escalera, quien fuera colaborador del gobierno de Francisco Barrio en Chihuahua y delegado del Cisen en Chiapas durante el levantamiento zapatista. Sin embargo, no fue hasta el miércoles 1 de julio cuando el diario “Reforma” dio a conocer la noticia del desmantelamiento de esa red de espionaje en el Estado de México, lo que es considerado por los senadores Beltrones y Monreal como una filtración y un intento de golpe electoral del gobierno de Felipe Calderón. El objetivo: darle un empujón al PAN en las elecciones del 5 de julio.
DENUNCIAS OLVIDADAS
“¿Por qué ahora y no antes? No se descarta que sea una estrategia electoral”, sostiene en entrevista el senador Ricardo Monreal, quien recuerda que él también presentó una denuncia penal hace un año y desde entonces no se informó de ningún avance en las investigaciones.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, en un comunicado emitido el jueves 2 manifestó:
“No deja de llamarme la atención que a escasos tres días de las elecciones se dé a conocer el contenido de una investigación que, pensaba, se tenía guardada en el cajón del escritorio”.
Como si supiera lo que iba a ocurrir, el senador por Sonora había advertido unos días antes, en una gira por Tamaulipas: “lo único que nos preguntamos muchos de los que estamos observando el panorama nacional es si el Gobierno federal y su partido, el Partido Acción Nacional, no está en su desesperación preparando algún golpe de carácter estratégico mediático en la ultima semana para tratar de influir en las elecciones, muy por aparte de lo que ya las preferencias electorales están citando”.
DOCE AÑOS DE ESPIONAJE
Para el senador Ricardo Monreal, la PGR debería ampliar sus investigaciones porque no sólo grupos políticos del PRI mexiquense realizan espionaje político, pues “hay sospechas” de que otros gobernadores también lo hacen, e incluso personajes poderosos como Elba Esther Gordillo, sostuvo.
Según Monreal, desde la caída del PRI en 2000 algunos grupos políticos de ese partido crearon por su cuenta equipos de espionaje para eliminar a sus adversarios. Pero advirtió que el PAN también lo hace desde que llegó a la Presidencia de la República con Vicente Fox. “Es una actividad ilegal que ha sido una práctica cotidiana en los gobiernos del PAN y del PRI”, asegura, y destaca que “el equipo descubierto en el Estado de México es todavía más sofisticado que el que tienen el Ejército Mexicano y el Cisen”.
Y añade que “otros grupos políticos” cuentan con aparatos de espionaje integrados por “cientos de personas” y que representan “una estructura paralela de espionaje político en el país”.
Al menos por lo que hace al Estado de México, estas acusaciones no son nuevas: desde 1997 se ha denunciado a varios gobiernos de esa entidad por espionaje político.
En ese año, el PRD exigió a la Procuraduría de Justicia mexiquense que investigara el origen de un documento que revelaba la existencia de una estrategia de espionaje del entonces gobernador César Camacho Quiroz sobre los presidentes municipales perredistas y panistas.
ANTECEDENTES
En 2001 se presentó otro caso, cuando la PGR arraigó a 11 personas que durante seis años habían intervenido llamadas telefónicas de partidos políticos, dependencias federales y del propio Gobierno del Estado de México. Los miembros de esta banda de espionaje fueron detenidos en cateos realizados en cuatro casas de las delegaciones Xochimilco e Iztapalapa, así como en el municipio de Naucalpan.
De acuerdo con los primeros informes de la PGR, nueve de ellos dijeron que trabajaban en el Gobierno del Estado de México y los dos restantes en la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, señalada por perseguir y desaparecer a opositores al régimen. La red estaba integrada por 35 personas que se dedicaban a espiar llamadas de políticos y algunos particulares.
Alfonso Navarrete Prida, entonces subsecretario de Seguridad Pública del Estado de México (hoy candidato a diputado por el PRI, a quien “Reforma” vincula con la nueva red de espionaje descubierta), reconoció que seis de esos espías trabajaban de manera “irregular” para el gobierno de Arturo Montiel: eran “aviadores”.
Sin embargo, ese caso permitió saber que el Gobierno del Estado de México contaba con una red de 122 “coordinadores municipales”, cuya función era “reportar los asuntos políticos y sociales” del estado a la Dirección de Información y Análisis (Dian), creada por Monte Alejandro Rubido García, un experto en espionaje del Cisen que en 1994 fue asignado a dar seguimiento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y que ahora es director del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según un ex empleado de la Dian entrevistado por “La Jornada” el 15 de julio de 2001, esa estructura de espionaje del Estado de México estuvo vinculada desde su origen con el Cisen, de donde incluso reclutó a varios operadores.
El subdirector de Gobernación del estado, Armando Garduño, dijo en aquellos días que los “coordinadores municipales” no eran orejas ni espías, sino funcionarios con una tarea legal: informar al Gobernador de los problemas sociopolíticos de la entidad.
MAÑAS PANISTAS
El gobierno del Estado de México no es el único exhibido por casos de espionaje; también lo fueron las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón.
» En febrero de 2008, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) divulgó que Fox había autorizado al Cisen realizar 34 intervenciones telefónicas a distintos actores políticos y sociales desde febrero de 2005 y hasta el 6 de noviembre de 2007.
» El propio Fox se había valido del espionaje político desde que era gobernador de Guanajuato.
» En mayo de 1999, el diario “A.M. de León” señaló la existencia de un grupo secreto de investigación política integrado por al menos 15 agentes pagados con recursos del Gobierno del Estado, quienes vigilaban presidencias municipales, partidos políticos y líderes de agrupaciones populares, haciéndose pasar como reporteros de periódicos y televisoras.
» También se publicó que, por orden de Marta Sahagún, el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, grabó conversaciones de Felipe Calderón cuando era candidato presidencial del PAN.
» Según la reportera Anabel Hernández, en su libro “Los Cómplices del Presidente”, García Luna conserva 36 grabaciones de diversos actores políticos que, si se revelan, “podrían derrumbar la poca gobernabilidad que le queda a Calderón”.
» Manuel Espino, en su libro “Señal de Alerta”, aseguró que el extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, lo espió para que el grupo calderonista ganara la dirigencia de su partido.
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