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México, D.F.- Cuando Jesús Murillo Karam habla de la liberación de Rafael Caro Quintero, suelta el vapeador. El simulador electrónico del cigarro deja una estela de vapor y la voz del procurador se hace todavía más grave: fue notificado seis horas después de que el fundador del desaparecido Cártel de Guadalajara ya estaba en la calle, libre, después de 28 años de encierro, pero a 12 de cumplir su condena.

La justicia federal lo puso en libertad de madrugada y a la Procuraduría General de la República le notificaron la excarcelación casi al mismo tiempo que a la prensa, la mañana del viernes 9 de agosto. “Para cuando me notifican, ya no tengo al detenido”. El tribunal no esperó a que la procuraduría interpusiera un recurso, como lo admitía la decisión de ampararlo, dice en entrevista.

Al titular de la PRG le ha tocado lidiar con casos que han puesto a prueba al gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde la dudosa explosión en el corporativo de Pemex –a dos meses de iniciada la administración– y la captura de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, hasta otros fallos judiciales que han sido reveses para la dependencia. Uno de ellos, la exoneración del delito de desvío de la partida secreta de la Presidencia a Raúl Salinas de Gortari, contra quien Murillo Karam dice tener pruebas de que numerosos de sus bienes no los adquirió de manera legítima.

Pero de las sentencias judiciales, la de mayores consecuencias hasta ahora es la de Caro Quintero porque colocó a la PGR a la defensiva de los viejos rencores del gobierno y de la prensa estadunidenses. La salida de Caro, a quien México y Estados Unidos quieren de nueva cuenta en condición de prófugo, aumentó el encono de los estadunidenses contra el sinaloense, quien en los ochenta era uno de los principales traficantes de mariguana a Estados Unidos. Su liderazgo acabó en febrero de 1985, cuando fue asesinado el agente de la DEA, Enrique Camarena.

Estados Unidos acusa del hecho a los jefes del Cártel de Guadalajara: Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y Miguel Ángel Félix Gallardo. Y así la justicia mexicana los juzgó y sentenció a 40 años de prisión por homicidio y delitos contra la salud. Parecía una historia acabada. Ni siquiera Estados Unidos hizo más por su extradición.

“Estados Unidos había solicitado una detención para efectos de extradición. Pero tras ser detenido, lo que tenía que haber hecho era solicitar a México la extradición formal para que el gobierno mexicano y el Poder Judicial vieran si lo entregaban”, apunta el procurador.

Pero eso no ocurrió y ahora con Caro en la calle, por el amparo que le dio el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Jalisco, lo que tiene la PGR es una orden de detención para efectos de la extradición que ya solicitó el gobierno estadunidense. “Hoy sí –afirma el funcionario– tengo una solicitud de extradición, algo que debieron haber hecho desde un principio”.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1923)