Durante la sesión del Pleno del Congreso del Estado, los partidos del PRI, PAN y PRD aprobaron en lo general la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, aunque con modificaciones en dos apartados, uno de ellos para abrir el debate entre el Ejecutivo estatal y los legisladores.
» Podrá intervenir de oficio en los conflictos obrero patronales.
» A petición de parte, participar en la negociación y revisión de contratos colectivos.
» Participar en la supervisión de minas y pozos de carbón.
» Apoyar a las autoridades federales en la aplicación y vigilancia de las normas del trabajo.
Así, la próxima semana se reformará la Ley Orgánica del Congreso para señalar que “el Gobernador remitirá la solicitud de voto de confianza al Congreso del Estado a fin de que este último determine la fecha para una sesión del Pleno para la realización de un debate en el que intervendrán el Ejecutivo del Estado, los grupos parlamentarios y diputados representantes de partido que integren la legislatura respectiva”.
Además, la fecha que se establezca para la realización del debate no podrá ser antes de 72 horas posteriores a la presentación de la solicitud.
“Posterior a la realización del debate el Congreso contará con plazo de 24 horas para determinar si otorga o no su voto de confianza al asunto sometido a debate”.
Acción Nacional también objetó la fracción III del Artículo 9 por establecer que el gobernador asistirá a las sesiones de inicio de los periodos ordinarios y extraordinarios del Congreso, donde escuchará el posicionamiento de los diputados y hará uso de la palabra para expresar su opinión sobre las tareas legislativas que habrán de emprenderse en el periodo que corresponda.
La legisladora planteó modificarlo para precisar que “previa solicitud al Pleno podrá hacer uso de la palabra para expresar su opinión sobre la agenda legislativa que guarde en relación con sus tareas ejecutivas a emprender en el periodo que corresponda”, lo que fue aprobado.
El Artículo 6 también se modificó; proponía que las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares fueran refrendados por el titular de la Consejería Jurídica, a lo que el PAN se opuso a estimar que la figura es básicamente asesor del Gobernador.
Funcionarios podrán ejercer su profesión
La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado faculta a los titulares de las dependencias, entidades y de la Procuraduría General de Justicia, para dedicarse al libre ejercicio de su profesión, lo que prohibía el anterior ordenamiento.
También establece que los servidores públicos deberán abstenerse de prestar servicios profesionales independientes cuando ello implique conflicto de intereses con los de cualquier rama de la administración pública.
Los que sean abogados sólo podrán ejercer en el estado en causa propia, de su cónyuge, concubina, concubinario, o pareja solidaria, o en la de sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el tercer grado en cualquier línea.
Anteriormente, también se permitía desempeñar actividades de docencia, investigación y nombramientos honoríficos, lo que ahora se condiciona a que sean compatibles con el ejercicio público desempeñado.
Además, en el caso de los nombramientos honoríficos, podrán desempeñarlos cuidando que no se pongan en riesgo los intereses de la entidad.
Impulsarán programas preventivos
Establecer programas emergentes para atender padecimientos cardiovasculares, diabetes y cánceres serán prioridades de la Secretaría de Salud, además de impulsar programas de prevención de enfermedades, accidentes y adicciones.
Además, en la próxima administración estatal, que inicia mañana, se enfocará en diseñar estrategias para fomentar la sana nutrición y combatir la obesidad, para cumplir con varias de las promesas de campaña de Rubén Moreira Valdez en materia de salud.
También, deberá diseñar, instrumentar y evaluar los programas de detección oportuna, medicina preventiva, servicios a la salud, atención médica de urgencia y hospitalaria, combate a las epidemias, así como las de salubridad en general y promover su ejecución en las instituciones públicas y privadas.
Asimismo, promoverá políticas públicas que garanticen el derecho a la protección de la salud y la vida de los trabajadores, así como la higiene industrial.
De igual manera, operará los centros de salud, clínicas, hospitales generales, de especialidades, unidades médicas y consultorios para ofrecer atención médica, según el grado que corresponda.
Otra prioridad será alentar y participar en la formación inicial y permanente de los recursos humanos del sector salud y promover una distribución cercana a las necesidades de la población.
Favorecerán equidad con uso de lenguaje
El Código Municipal para Coahuila será adicionado para favorecer el uso del lenguaje con equidad y género en el medio oficial y social, como un instrumento para reconocer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
La diputada Hilda Flores Escalera presentó en el Congreso del Estado una iniciativa que adiciona el Artículo 5-BIS al Código Municipal para establecer que “si por exigencias de construcción gramatical, enumeración, orden u otra circunstancia, el texto legal contenido en esta ley usa el género masculino, el mismo deberá ser interpretado en sentido igualitario para hombres y mujeres”.
De este modo, ambos podrán adquirir toda clase de derechos y adquirir igualmente toda clase de deberes jurídicos.
Explicó que se trata de romper estereotipos por razón de género, ya que dificultan el logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, lo que incluye la segregación en el mercado de trabajo, pues se encasilla en sectores de producción y categorías profesionales.
Asimismo, los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres condicionan el acceso al empleo, la permanencia, la promoción, el acceso a la formación, las retribuciones salariales, el disfrute de los permisos y demás condiciones laborales.
Añadió que el Código Municipal solamente usa el género masculino al referirse a los cargos de presidente municipal, síndico y regidor, lo que deberá aplicarse también en el sentido femenino.
“Hombres y mujeres somos iguales y poseemos los mismos derechos y deberes, por desgracia, la realidad es distinta y la mujer sigue estando en desventaja frente al hombre”, dijo la legisladora local.
Mantendrá la paz laboral
La nueva Secretaría del Trabajo tendrá facultades para intervenir de oficio o a petición de parte en los conflictos obrero-patronales, mediante el diálogo y la concertación, para promover la conciliación y generar condiciones de paz y estabilidad laboral.
La nueva Secretaría del Trabajo estará bajo la responsabilidad de Felicitas Moreno Duque, que a petición de parte también podrá participar en la negociación y revisión de contratos colectivos y participar en la supervisión de minas y pozos de carbón.
Estará facultada para procurar el equilibrio entre los factores de la producción, promover políticas y permanencia al trabajo digno, que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, así como la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad laboral.
Asimismo, para diseñar y dirigir programas de fomento al empleo, mediante la capacitación y adiestramiento para el trabajo y la vinculación con el sector productivo.
Ordenar y supervisar las visitas de verificación y de inspección a los centros de trabajo que sean necesarias, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia laboral y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas correspondientes, será otra responsabilidad.
Asimismo, apoyar a las autoridades federales en la aplicación y vigilancia de las normas del trabajo; revisar el cumplimiento de las normas de seguridad social, así como informar al IMSS y al Infonavit sobre violaciones a la normatividad y respecto de negativas para otorgar prestaciones a los trabajadores.
De igual manera, vigilará que en los centros laborales se cumpla con las disposiciones legales relativas a la seguridad e higiene en el trabajo.
También deberá dirigir y coordinar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y el servicio social de estudiantes y practicantes en la materia.
Inconforma les nieguen el acceso
Reclamos, protestas y hasta llanto provocó la decisión del Congreso del Estado de impedir el acceso de los ciudadanos al recinto legislativo, por temor a las manifestaciones.
La señora Ana María López Gómez, impotente por no poder entrar para solicitar un apoyo económico a los legisladores para atender a su hija con problemas sicológicos, rompió en llanto mientras suplicaba permiso para ingresar al edificio público.
Con su hijo en brazos, explicó su drama familiar. Divorciada, sin vivienda, víctima de la violencia intrafamiliar, ahora tiene a su hija internada en el Centro de Salud Mental desde hace tres meses, pues los problemas la han llevado a intentar el suicidio y nadie le ha tendido la mano.
A la misma diputada electa Norma Alicia Delgado, que pertenece a la UDC pero fue registrada como aspirante por el PAN, también se le negó la entrada al Congreso del Estado, con el pretexto de que la Sala de Sesiones estaba llena, no obstante que las butacas estaban vacías.
“No me dejan entrar, dicen que no hay lugar, que está lleno de visitantes y que no tengo gafet… a final de cuentas yo soy diputada pero ellos tienen la ley en la mano, la ley la han ido acomodando a su arbitrio y éstas son las consecuencias. Espero que con esto les dé vergüenza a los diputados que están adentro, que permitan que nos hagan esto”, dijo, mientras bloqueaba uno de los detectores de metales.
A Roberto Villa, secretario del diputado Javier Fernández Ortiz, también se le impidió la entrada, lo mismo que a un grupo de artistas que buscaba información sobre la nueva Ley de Cultura.
El diputado Fernando de las Fuentes Hernández explicó que quien desee acudir a las sesiones de los legisladores deberá solicitarlo por escrito y explicar la razón; luego, la Junta de Gobierno decidirá si aceptan la solicitud.
“Si vienes ahorita de espontáneo, te vamos a negar la entrada, nada más presenta tu oficio, el oficio lo turnamos a la Junta de Gobierno, la Junta decide y te dice cómo vengas”, señaló.
Responsable de buena marcha
La nueva figura de Jefe de la Oficina del Gobernador, que ocupará David Aguillón Rosales, actual secretario de Gobierno, tendrá la responsabilidad de atender los asuntos y comisiones que le encomiende el Mandatario estatal para la buena marcha de la administración pública.
Además, coordinarse con las instancias de Gobierno para agilizar la gestión de asuntos en los que intervenga el Gobernador; operar el sistema de seguimiento de acuerdos y compromisos del Ejecutivo, y recibir, clasificar y tramitar la documentación relacionada con las actividades en las que participe.
También, promover el adecuado funcionamiento de las políticas públicas en materia de protección a los derechos humanos y apoyar el funcionamiento de las entidades y organismos que protegen los derechos humanos.
De igual manera, vigilar el cumplimiento de los avances en la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo; formular y proponer al Gobernador la política de comunicación social y las relaciones con los medios masivos de información; operar la agenda noticiosa del Ejecutivo, y coordinar y supervisar los programas de comunicación social de las dependencias.
En tanto, la nueva Consejería Jurídica, que asumirá Jesús Torres Charles, actual Fiscal General, ofrecerá apoyo jurídico al Gobernador, instrumentar las iniciativas legales.
También, someterá a consideración y, en su caso, a firma del Gobernador, todos los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que se presenten al Congreso, opinará sobre los mismos e integrará el proyecto de agenda legislativa del Poder Ejecutivo.
Otras funciones serán revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de someterlos a consideración y firma del Gobernador.
Además, presidirá la Comisión de Estudios Jurídicos, integrada por los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada dependencia de la administración pública, y representará al titular del Ejecutivo en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad locales.
Diseñará estrategias contra inseguridad
La Secretaría de Gobierno tendrá nuevas funciones, como diseñar, proponer y ejecutar las políticas en materia de prevención del delito y seguridad pública, así como organizar y dirigir la operación de la Agencia Estatal de Seguridad Pública y coordinar los trabajos del Sistema Estatal de Seguridad.
Las disposiciones relativas a la Agencia Estatal de Seguridad y a la Procuraduría entrarán en vigor en el momento en que inicien su vigencia las correspondientes reformas a la Constitución Política del Estado.
Hasta en tanto, seguirá aplicándose lo dispuesto en la Constitución local, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y demás disposiciones aplicables.
La Secretaría de Gobierno también auxiliará al Ejecutivo federal en el cumplimiento de la legislación federal en materia de juegos y sorteos, así como de asociaciones religiosas y culto público.
Se encargará de dirigir y ejecutar las políticas de readaptación social y de reinserción de quienes hayan delinquido, y operar los centros de reclusión en el estado y los sistemas que administran el cumplimiento de las penas y sanciones.
Otra función consistirá en supervisar el adecuado cumplimiento de tratamientos y medidas de inserción, orientación y protección en materia de justicia para adolescentes, así como supervisar la administración de los Centros de Internación, Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes.
También, se encargará de conducir y ejecutar las políticas en materia de protección civil y alentar la colaboración con los otros dos órdenes de gobierno en este tema.
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