Acuña, Coah.- Una familia que asegura que tiene más de cinco años de ser engañados por autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se plantó junto con otras personas afectadas, de manera pacífica en la explanada de la macroplaza para acusar a dicho organismo de cometer abusos y fraudes con los créditos de interés social.

Al respecto, el trabajador de la industria maquiladora, Francisco Macías Cortés, demandó, junto con un grupo de 80 personas, que cerca de 300 familias sufren estragos a causa de las represiones de que son objeto por parte del personal jurídico del Infonavit, al exigir el pago oportuno del crédito de sus viviendas.

Y al respecto, explicó que hace años adquirió un crédito de vivienda, luego de que en su trabajo recibió la visita de promotores de créditos para ofrecerle una casa dentro del programa de financiamiento Credi Casas y Prosavi a un costo superior a los 160 mil pesos.

Y cuando se les entregó su vivienda, resulta que sólo era un pie de casa, con sólo dos cuartos, uno de recamará y otro para uso de cocina.

Y asegura que desde que obtuvo el crédito a la fecha, al igual que otros han hecho aportaciones desde 80 a 100 mil pesos, lo cual el Infonavit no lo reconoce como pago al capital sino como pagos de réditos porque supuestamente existen atrasos en el pago del crédito.

Ante esta situación y a fin de que se actúe en contra del Infonavit, el grupo de 80 personas se plantó en la macroplaza, en donde se entrevistaron con el secretario del Ayuntamiento, José Martín Faz Ríos, a quien le explicaron la situación que viven cerca de 300 familias de los fraccionamientos Fundadores 1 y 2.

La intervención de la autoridad es para que se pida la anuencia del gobernador del estado, Jorge Torres López, y se les condone el adeudo, como lo hizo el ex gobernador del estado Humberto Moreira Valdés, en casas que se obtuvieron a través del Fondo Estatal de la Vivienda.

Aseguran que sin ningún criterio y bajo amenazas y sin respetar que existen viviendo personas con discapacidad o adultos mayores, el jurídico amenaza a las familias y las desaloja.
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