España.- En el anuario del colegio aparecen los chicos felices. Trajeados ellos, de largo ellas. Caras sonrientes, de ilusión. Es el día de la graduación. Han terminado el Bachillerato. El adiós a un largo ciclo. Muchos han compartido toda su vida juntos. Desde pequeñitos en el mismo centro escolar. Esperan ahora Selectividad y la Universidad. Pero no están todos. En las fotos faltan cuatro chicos y una chica.

¿Cómo reaccionaría si un día a su hijo lo detuviera la Policía por una denuncia por haber acosado, agredido y violado a una compañera de colegio? O si el juez le impusiera una orden de alejamiento que le impidiera incluso asistir a clase. Su hijo. ¿Confiaría en él? ¿Lo creería a pies juntillas? Pues eso le ha ocurrido a los chicos que faltan en la foto. Ha sido el drama que durante medio año han tenido que atravesar cuatro familias de Málaga. Sus vástagos, de 17 años, fueron gravemente denunciados por una joven de la misma edad de su centro escolar. Denuncia que después de un largo suplicio la Justicia ha dictaminado como absolutamente falsa. Y que puede acarrear consecuencias penales para su autora. Una juez de Menores acaba de pedir que se deduzca testimonio contra ella tras sobreseer el caso que durante este tiempo se ha seguido contra los jóvenes. Entre tanto, en las familias afectadas han sido innumerables las noches sin dormir, se ha multiplicado la ingesta de pastillas contra la ansiedad y se han sucedido las visitas y los ingresos en el hospital.

Todo ha ocurrido en un centro educativo concertado del distrito de Teatinos en la capital malagueña. Días antes de la pasada Semana Santa, una alumna de segundo de Bachillerato acude a la Policía para denunciar a cuatro compañeros de curso por acoso escolar, acoso telefónico, agresiones físicas y abuso sexual. Además de insultos, golpes y empujones, manifiesta haber sido víctima de distintos toqueteos entre las clases. En pleno Domingo de Ramos, los chicos son citados para acudir al día siguiente a Comisaría. No les dicen por qué. Allí se les comunica la denuncia que pesa sobre ellos y se les detiene, pasan varias horas en el calabozo y han de prestar declaración ante un juez de instrucción. No salen de su asombro. Porque no reconocen ninguna de las acusaciones. Antes de ser puestos en libertad a las nueve de la noche se les impone un alejamiento de 200 metros y cualquier tipo de comunicación con la presunta víctima. La consecuencia es clara: no podrán ir al colegio donde de manera necesaria coincidirían con la presunta receptora de sus abusos. Precisamente el año en que tendrán que enfrentarse a la Selectividad.

Pero quince días después, la niña amplía la denuncia. Esta vez, acusa a tres de sus compañeros de haberla violado brutalmente en los jardines del propio colegio. Bucal, vaginal y analmente. Noqueados y aturdidos, pero convencidos ante el relato sin fisuras de sus hijos, los progenitores de los niños comienzan entonces a trazar la estrategia de defensa, que pasará por desmontar una a una las acusaciones. «Padres y compañeros de clase han sido la mejor red de detectives posible», comenta a ABC una fuente cercana al caso. Ayudados por sus abogados, inician una investigación que, según se duelen, no realizó de inicio la Policía. «Nuestros hijos han pasado una pena de prebanquillo», afirman. Así, uno de ellos, informático, detecta en una página antigua de la Red las mismas fotos de hematomas presentadas como prueba de haber sido agredida. Las ha sacado de internet. «Ése fue el principio de la luz», reconoce a ABC uno de los padres afectados.

También se comprueba que en algunos de los días en que la chica dice haber sido agredida no había asistido a clase. Están los justificantes firmados por su madre. Un docente asegura en el juzgado «sin ningún género de dudas» que uno de los denunciados estaba en el comedor cuando se produjo la supuesta violación. La geolocalización de los móviles de los otros dos los sitúa a esa hora fuera del colegio.

El auto de la juez es demoledor desmontando el relato. Tiene también en cuenta un estudio de evaluación de la muchacha —que nunca fue capaz de declarar ante el fiscal—que tilda de «poco creíble» su testimonio. Todo ha sido desmentido. Pero ha tardado. Afortunadamente, los chicos no han acusado, al menos académicamente, el sufrimiento por el que han pasado. Al no poder asistir a clase debido a la orden de alejamiento el colegio, que activó rápidamente el protocolo de acoso escolar al saber de la denuncia, puso a su disposición una academia privada a la que durante este tiempo acudieron a diario. También les tutorizó tres tardes a la semana. Todo son buenas palabras para el centro —que también ha cuidado de seguir la escolarización de la niña en su casa— por parte de los padres. Hoy tres van a la Universidad. Sin mácula.