Acuña, Coah.- A pesar de que tienen más de diez años pagando de forma ininterrumpida el crédito de su vivienda en las diversas instituciones bancarias, los vecinos del fraccionamiento Santa Teresa afirman que hasta la fecha no ha disminuido el costo de las viviendas, que ya ha rebasado por mucho el precio establecido en el contrato que era de 80 mil pesos para la adquisición del inmueble, así lo manifestó Diana Sánchez Hernández, quien es una de las afectadas.

Son 37 las familias que atraviesan por esta situación, mismas que se han visto amenazadas en su patrimonio toda vez que han estado acudiendo a sus viviendas personas que sin identificación alguna se hacen pasar por abogados y actuarios que los intimidan para que firmen los papeles donde se les notifica el desalojo del inmueble por incumplimiento en el pago.

Otra de las anomalías que tienen es que la Financiera Hipotecaria Mi Casita, quien adquirió la supuesta cartera vencida de Financiamiento Azteca, no ha querido respetar las cláusulas establecidas en los contratos como lo es el seguro de desempleo, la limpieza del área de las viviendas abandonadas y el seguro de vida del propietario de la vivienda.

A pesar de que las viviendas que les vendieron se encontraban en malas condiciones y aún sin terminar ellos así aceptaron y contrajeron la responsabilidad del crédito ante la necesidad de tener un lugar dónde vivir, decisión que les ha costado muy cara, ya que debido a la firma del contrato quedaron obligados a tener que acudir a la capital del país para cualquier aclaración que deseen realizar sobre el mismo.

Sánchez Hernández mostró algunos de los documentos de las supuestas demandas donde figura como actor de la misma el gobierno federal representado por la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banco de Desarrollo, como fiduciaria, sustituta cesionaria del gobierno federal, en el fideicomiso denominado Fondo de Instituciones y Financiamiento Bancario de la Vivienda.

Marco Antonio Valtierra, dijo que en los estados de cuenta de estas personas a los que pueden accesar por internet no aparecen los pagos realizados en años anteriores, sólo los efectuados del 2006 a la fecha, además cuando acuden a realizar el pago si se atrasan un día o dos la encargada, Eugenia Gabriela Marroquín, les cobra los interese a su antojo sin que se haga aclaración alguna en el recibo, además constantemente les cambia el número de cuenta, operación mediante la cual desaparecen los pagos efectuados, por lo que al efectuarse los reclamos ésta sólo se dedica a decir que “ella puede cambiarles el número de cuenta las veces que ella quiera y que nada pueden hacer más que pagar”.

Patricia Alarcón manifestó que hace tiempo se pusieron en contacto con Miguel Flores Castro, presidente de la Organización Miguel Hidalgo, quien prometió solucionarles el problema e incluso que haría contacto con Lalo Moreira para poner fin a esta situación, donde sólo se vio beneficiado él mismo ya que fueron más de 10 mil pesos los que se le otorgaron para los viajes que realizaba a la capital del estado, además de la gasolina y el cambio de llantas de su vehículo y jamás les solucionó nada, e incluso en una de las visitas que dio el joven Moreira a la cuidad se le cuestionó sobre el problema y dijo que desconocía por completo el problema.

Por lo que piden el apoyo del gobernador y los diputados federales y locales para que se les haga justicia.
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