Ciudad de México.- Los dirigentes del sector rural advierten que la delincuencia organizada sí podría influir en forma determinante en el “voto del campo” en las elecciones presidenciales este año luego de las experiencias en los comicios locales de 2011, como en Chihuahua, Durango y Michoacán.

Marco Antonio Ortiz, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, alertó que el narcotráfico, con su fuerza y poder en algunas regiones clave del país, podría obligar a la ciudadanía campesina a votar por quien presuntamente pudiera responder a los intereses de las mafias.

Al respecto, Max Correa Hernández, líder de la Central Campesina Cardenista, aceptó que de los 300 distritos electorales una gran parte pertenece a localidades rurales o con alguna vocación rural y en ellos “sí ha penetrado el narcotráfico con fuerza”.

Al respecto, el diputado perredista y dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CI OAC), Federico Ovalle, reconoce que los jornaleros, comuneros y campesinos en su conjunto resienten la amenaza cotidiana de los cárteles de la droga, aunque mantiene “la esperanza” de que éstos no influyan en los inminentes comicios federales.

Álvaro López Ríos, responsable de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, advirtió que no tiene detectado entre sus agremiados que el narco pueda chantajear u obligar al voto campesino hacia determinada tendencia.

“En donde sí tienen influencia y poder la bandas del crimen es en candidatos y partidos, pues se usan recursos cuantiosos para impulsar sus campañas”, insistió el líder de la UNTA.

El mismo presidente Felipe Calderón calificó de “inadmisibles para nuestra democracia, para México”, la injerencia de los narcos en referencia a Michoacán.

En esa entidad, la delincuencia obligó a la publicación de un desplegado en el diario más influyente en La Piedad para ordenar no votar por determinado partido y/o candidato.

En este punto, el líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) alertó de que si bien se abre la posibilidad de que en julio, por ejemplo, se ejerza un desdén de la ciudadanía rural para acudir a sufragar, al mismo tiempo puede darse otro fenómeno, mucho más peligroso para el derecho constitucional de acudir a las urnas en forma libre y expedita.

Marco Antonio Ortiz Salas previó que los narcos pueden ejercer “su poder real” en los municipios rurales para obligar a los campesinos a votar por ciertos candidatos o en contra de sus adversarios.

En este tema, Correa Hernández demandó al gobierno del presidente Calderón el despliegue total de sus sistemas, operativos y personal de inteligencia para no sólo detectar y combatir a quienes pretendan constreñir u “orientar” el voto –sea urbano o popular– sino impedir a toda costa que esto se presente en cualquier casilla, por muy marginada que parezca.

“Si el gobierno presume de sus operativos, por ejemplo, para detectar la llegada al país del hijo de Gadhafi, nos parece que ya en este momento (a casi 7 meses de las elecciones), cuenta con la información plena de lo que pasa en algunos distritos electorales en donde el narco predomina”, resaltó el responsable de la Central Campesina Cardenista.

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