El gerente de crédito del Instituto, Gabriel Enrique Hernández Urquieta, explica que no es que la vivienda aumente de precio, sino de que los trámites adicionales, que antes eran subsidiados por el Estado y municipios, dejarán de serlo y los trabajadores tendrán que pagar el costo.
Lo que vence con Gobierno del Estado es un convenio de coordinación.
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