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1.- Un nuevo presidente de Estados Unidos que a dos meses de iniciar su gestión no tiene embajador en México…
2.- Un gobierno norteamericano hostil que ubica a México como un Estado fallido, al nivel de Pakistán…
3.- Un gobierno mexicano que en justicia exige que Estados Unidos asuma su costo en esta guerra contra el crimen organizado…
4.- Una administración estadounidense que lamenta el creciente tráfico de drogas a través de territorio mexicano…
5.- Una administración mexicana que les reclama frenar su problema de consumo de drogas, que es de salud pública y también de seguridad…
6.- Unos gobernadores fronterizos norteamericanos que demandan la militarización de la frontera con México…
7.- Unos gobernadores fronterizos mexicanos que perdieron el control de sus violentas ciudades, donde libran guerras con cárteles provistos de armas traficadas desde Estados Unidos...
8.- Un gobierno norteamericano que bajo la más severa crisis económica tiene la presión de endurecer sus políticas migratorias para favorecer el empleo de sus nacionales…
9.- Un gobierno mexicano que ve en ese endurecimiento el retorno de cientos de miles de compatriotas y la inevitable caída de las remesas, que todavía son la segunda fuente de entrada de divisas…
10.- Un gobierno norteamericano que en el papel firma la apertura comercial, pero en la práctica cierra el paso al transporte mexicano en sus carreteras…
11.- Un gobierno mexicano que en represalia sanciona con impuestos la importación de productos norteamericanos…
12.- Una revista estadounidense que instala a un narcotraficante mexicano en su lista de los billonarios del mundo…
13.- Una sociedad mexicana que demanda que en esa lista también se exhiba a los billonarios que manejan el crimen organizado en Estados Unidos…
El Estado fallido
“Joint Operating Environment 2008” es un análisis que hacía énfasis en la caótica situación de seguridad prevaleciente en México, comparable a la de Pakistán. El estudio levantó la indignación y la censura nacional.
Un mes más tarde, en diciembre, la revista “Forbes” retomaría el tema. Dijo que “ante la debilidad de las fuerzas del Gobierno y la fuerza de los cárteles, la lealtad de los elementos de seguridad y de los funcionarios se modifica y, bajo la amenaza de enriquecerse o morir, los elementos eligen favorecer a uno de los cárteles, lo que se considera una característica de un Estado fallido”. Pero a pesar de la indignación provocada, el Gobierno mexicano parecía impasible. Como si nada sucediera. En sus puestos permanecían y permanecen funcionarios que vienen de los sexenios de Ernesto Zedillo –consejero y articulista de “Forbes”– y Vicente Fox.
Los que manejaban desde entonces las áreas de Inteligencia y Seguridad. Los que evidentemente han fracasado y continúan con una estrategia calificada por algunos expertos como equivocada.
En enero, frente al alud de críticas, el presidente Felipe Calderón se defendía en Davos diciendo: “Mexico is not Pakistan”, aunque la ola de ejecuciones era mayor cada día. Casi 6 mil muertos en el año.
Migración y remesas
Superadas las elecciones y dando un giro a la estrategia republicana de Bush, el nuevo Mandatario demócrata buscará una salida al espinoso tema. No será fácil.
Con las presiones del creciente desempleo, producto de la crisis financiera global, muchos norteamericanos sin trabajo estarán dispuestos a tomar lo que antes rechazaban. Trabajos que parecían patrimonio exclusivo de los inmigrantes latinos.
Pero a la par de las presiones migratorias vendrán las de las remesas. Se asume que estos envíos provienen de los emigrantes que viven en Estados Unidos para ayudar a sus familias en México.
Sin embargo, a partir del año 2000, prácticamente desde que inició el gobierno de Vicente Fox, los flujos de remesas empezaron a crecer en forma casi exponencial.
El reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos correspondiente a enero de 2009 afirma que 17 mil 200 millones de dólares ingresaron a México en los dos últimos años como resultado de las operaciones de lavado de dinero.
Armas: el otro tráfico
En Texas basta tener una licencia de manejar y ser mayor de edad para comprar un arma de asalto de alto poder como la AK-47. O incluso una granada. Es para defensa personal, dicen. Pero esa legislación, promovida durante la administración de George W. Bush, es hoy el mejor aliado de los traficantes de armas. Los que terminan contrabandeándolas a México y colocándolas entre los cárteles.
Alimentan de armas y municiones a unos y otros. Ésa es la otra cara de la guerra que se libra en México, pero viene de Estados Unidos. El presidente del Subcomité sobre Crimen y Drogas del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin, ya lo reconoció. Dijo que Estados Unidos debe hacer algo para contener el flujo de armas hacia México.
Conflicto sobre ruedas
Se trata de un programa piloto denominado Proyecto Demostrativo que buscaba ir resolviendo los problemas que habían impedido que el TLC se cumpliera en materia de transporte de carga. El Proyecto Demostrativo debería haber tenido vigencia hasta 2010. En él participaba un número muy limitado de transportistas y tráileres. Eran 27 empresas mexicanas y 10 estadounidenses. Apenas 104 tráileres mexicanos y unos 52 norteamericanos.
Sin embargo, el pasado 11 de marzo se canceló. Estados Unidos no aprobó los fondos para su operación, y aunque el presidente Obama instruyó a su gabinete para encontrar la manera de continuarlo, por lo pronto se suspendió.
Lo curioso es que en esos días se estaban celebrando en el Senado de Estados Unidos las audiencias en las que se cuestionaba la capacidad del Gobierno mexicano para gobernar en la totalidad del territorio nacional.
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