Ramos Arizpe.- El caso de Alma Rosa Rodríguez Pérez es muy común. Su familia está a días de sufrir el embargo de gran parte de sus pertenencias, luego de haber firmado como aval a un familiar para que este accediera a un préstamo por parte de un agiotista.

La joven madre de familia acudió a la Presidencia Municipal en busca de asesoría jurídica, ya que de acuerdo con la orden que le llegó por parte de la licenciada Susana Alejandra Rodríguez Gutiérrez, tiene que pagar más de 12 mil pesos por un préstamo de 4 mil 500 pesos que solicitó un pariente político y para quien firmó como aval.

Después de año y medio de firmar como aval (enero de 2011), resulta que la persona que accedió al dinero del préstamo no cumplió con los pagos, por lo que tiene hasta el próximo 6 de agosto para liquidar la cuenta como responsable aval, y de no ser así, serán embargadas sus pertenencias.

Confundida y sin la claridad para acudir a una instancia para recibir asesoría jurídica, Alma Rosa Rodríguez Pérez tiene las copias de los requerimientos, del pagaré que firmó como aval, del tarjetón donde su familiar político hizo los pagos, así como de otros tarjetones en los que supuestamente también fue puesta como aval sin su consentimiento.

A pesar de tener reuniones con la licenciada que lleva el caso, Rodríguez Pérez no sabe con certeza el por qué la deuda de su pariente se multiplicó tanto, y mucho menos entiende porque ella tiene que pagar un dinero que nunca utilizó.

Asimismo, señaló que no sabe si los préstamos los otorga una empresa con razón social o si es un particular, y que si accedió a firmar como aval es porque quiso actuar de buena fe “para ayudar en una necesidad” a su pariente político.

» En este sentido, en 2010 el regidor José María Hernández señaló que a pesar de las constantes denuncias en contra de agiotistas y usureros, no se podía actuar legalmente contra ellos para defender el patrimonio de las familias, pues se carece de un departamento exclusivamente dedicado a tratar delitos patrimoniales.