Saltillo, Coah.- Los albergues o centros de asistencia social privados que atienden a menores de edad, como instituciones de beneficencia, deben ser apoyados con estímulos fiscales, exenciones y subsidios, y con la realización gratuita de los dictámenes en materia de protección civil y de los estudios y valoraciones a que debe someterse el personal.

“Cobrarle a alguien que sólo desea ayudar, para que tenga el derecho deayudar, es un contrasentido de cualquier forma que se le quiera ver”, aseguró la diputada Lariza Montiel Luis.

“Un Estado que necesita urgentemente de los servicios que brindan estas instituciones, debe, en todo momento, apoyar su fomento, creación y vigencia, y no someterlos hasta el riesgo de que cierren o sean clausurados por no contar con los medios financieros para cumplir con toda la normatividad de rigor”.

Esta reglamentación, aclaró, debe ser cumplida sin excepción pero buscando la forma de reducir al máximo el impacto financiero, para que concentren sus recursos en los objetivos prioritarios.

Los centros de asistencia social de carácter privado que
brindan acogimiento temporal, cumplen con la tarea de auxiliar al Estado y
a los municipios, al brindar a los menores de edad refugio, protección y
seguridad básica, porque las autoridades se ven rebasadas en su capacidad
para otorgar esos servicios.

Se trata, explicó, de instituciones altruistas que no persiguen fines
económicos ni de lucro alguno, y sólo quieren servir a la sociedad.

Sin embargo, la mayoría de estos albergues con frecuencia se ven rebasados en su capacidad financiera y de recursos humanos para atender a los menores que les son entregados por el DIF o la PRONNIF, y enfrentan serios problemas financieros para tratar de cumplir con sus objetivos, señaló la diputada.