Michoacán.- No fueron dos ni tres. Fueron cuatro los atentados a los que sobrevivió la ex alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán, María Santos Gorrostieta Salazar, antes de que el pasado 12 de noviembre fuera secuestrada y posteriormente asesinada.

El primero de ellos se suscitó a sólo tres meses de su toma de posesión, en enero de 2008, cuando una camioneta le salió al paso a ella y su marido, José Sánchez Chávez, cerca de la comunidad de Las Mojarras, rumbo a Huetamo.

En esa ocasión el matrimonio sólo recibió amenazas, que fueron acompañadas de disparos al aire, hechos por un grupo de personas desconocidas.

Le dijeron a la recién llegada presidenta municipal que “renunciara por las buenas antes de que fuera demasiado tarde”, contaría después a sus allegados.

No hubo denuncia por este hecho, a recomendación de su marido, que exclamó enojado en esa ocasión que “sabía perfectamente de dónde venía la amenaza”, cuenta una fuente cercana que por seguridad pidió resguardar su nombre.

Posteriormente, el 16 de enero del 2009, en El Limón de Papatzindán, tenencia de Tiquicheo, el vehículo en el que viajaba usualmente el matrimonio fue baleado por un comando armado y la pareja sufrió lesiones no graves que les permitieron continuar con vida.

Este hecho quedó registrado en los periódicos locales y regionales.

MATAN A ESPOSO

En el tercer ataque, perpetrado el 15 de octubre de ese mismo año, murió José Sánchez Chávez, de 50 años; quedó abatido a tiros en El Limón de Papatzindán.

Las versiones periodísticas de ese día darían cuenta de que José Sánchez bajó de la camioneta para hablar por celular mientras esperaba la llegada de un funcionario federal de la Conagua cuando un comando armado le salió al encuentro para asesinarlo a tiros.

La ex alcaldesa bajó del vehículo al oír los disparos para auxiliar a su esposo; los asesinos no dudaron en atacarla también y la dejaron en el lugar, dándola por muerta.

Un par de meses después, aún convaleciente, regresó a la Alcaldía y anunció que estaba dispuesta a seguir trabajando. Entonces buscó el apoyo de su partido, el PRI, para protegerse, pero se topó con cerrones de puertas y llamadas a sus líderes de partido que nunca eran devueltas.

El 22 de enero de 2010 fue víctima de un cuarto ataque armado en Ciudad Altamirano, en la frontera de Michoacán con Guerrero, a unos 150 kilómetros de Tiquicheo.

En esa ocasión iba acompañada de su hermano, dos funcionarios y una reportera, que resultaron heridos. Ante la gravedad de la situación, los lesionados fueron trasladados en helicóptero a un hospital de Morelia.

SOSPECHAN DEL CRIMEN ORGANIZADO

En el quinto atentado, el pasado 12 de noviembre, finalmente fue asesinada. No tenía escolta personal desde enero pasado, cuando dejó su cargo de alcaldesa y ella misma solicitó que la guardia personal le fuera retirada. Por seguridad, desde noviembre de 2011 mantenía su residencia en Morelia.

Ayer, el Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, dijo que una de las líneas de investigación que se sigue sobre el asesinato de Santos Gorrostieta “está relacionada con la posible intervención del crimen organizado”. El Mandatario dijo que el Gobierno del Estado carece de suficiente personal policiaco para proteger a todos los ediles de la entidad.

A petición de los presidentes municipales panistas de Tanhuato y Vista Hermosa, se les asignó escolta, precisó el Gobernador.

Por su lado, el secretario de Gobierno Jesús Reyna dijo este martes que “no existen elementos para suponer que el asesinato de la ex alcaldesa fue a causa de su actividad política presente o a hechos relacionados con su paso por la administración municipal anterior”.

Sólo 30% considera exitosa la guerra contra el narcotráfico

Por: Agencias

La onceava Encuesta Nacional Sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana en México reveló que 31% de los mexicanos encuestados considera exitosa la lucha contra el crimen organizado que se llevó a cabo durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el presidente de la casa encuestadora Consulta Mitofsky, Roy Campos Sierra, en coordinación con la asociación civil México Unido contra la Delincuencia.

Refirió que en esta encuesta se realizaron entrevistas a mil personas en diversas partes del territorio nacional, donde 55% de los consultados consideró que la estrategia contra la delincuencia organizada durante esta administración no tuvo éxito.

Campos Sierra reconoció que esta encuesta tiene un margen de error de 3.1% a nivel nacional, pero a niveles regionales señaló que este índice aumenta debido a que se tienen menos muestras.

En otros temas, 35% de los entrevistados aprueba la legalización de las drogas y 65% está en contra o no contestó, aunque hay un grupo que está completamente convencido de que no hay que legalizar.

POCOS CONFÍAN EN EPN

Respecto a la próxima administración federal que encabezará Enrique Peña Nieto, destacó que 38% considera que tendrá éxito en materia de seguridad; 32 prevé que no tendrá éxito, y 30% restante dijo no saber.

Por su parte, Juan Francisco Torres Landa, secretario de México Unido Contra la Delincuencia, destacó que ante los resultados obtenidos en materia de seguridad en este sexenio, es necesario plantear una nueva estrategia que privilegie, primero, la reducción de la violencia, y en segundo lugar la mitigación de daños.

Lo anterior, dijo, deberá traducirse en un cambio sensible en la política de drogas que se lleva actualmente en el país.

Torres Landa refirió que “los datos oficiales y la situación de violencia diaria que se vive en el país muestran que la estrategia del Gobierno federal para combatir a la delincuencia no fue la correcta”.

Más de 46 mil ejecuciones durante sexenio

Por: REFORMA

Durante el sexenio que está por concluir se incrementó significativamente el número de víctimas de la violencia y de violaciones a los derechos humanos, indicó ayer el ombudsman nacional Raúl Plascencia.

En el marco de una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, consideró que ante una mayor actividad de la delincuencia organizada prevaleció, por un lado, la ineficacia de las fuerzas de seguridad y el sistema de procuración de justicia, y por otro se elevaron los abusos por parte de autoridades.

“La información con que cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) permite observar cómo en los últimos años se incrementó de manera considerable el número de víctimas de violencia y de los que han sufrido agravios por actos y omisiones de diversos servidores públicos mexicanos”, señaló.

“Lo anterior implicó un incremento sustancial de violaciones a derechos humanos, como es el caso de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, los aseguramientos y cateos ilegales, la desaparición forzada de personas y privaciones arbitrarias de la vida, entre otras tantas más”.

Reportó que la CNDH tiene registro de 46 mil 15 personas ejecutadas, 15 mil 921 cuerpos no identificados y mil 421 cadáveres inhumados en fosas clandestinas durante el sexenio.

En tanto, alertó, la Comisión Nacional tiene en investigación 2 mil 126 casos de desaparición forzada de personas y en los últimos dos años ha emitido 12 recomendaciones en la materia dirigidas a diversas autoridades.