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Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación (Segob), evitó polemizar sobre el “error” de un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que emitió una alerta de prohibición de viaje para tres ex gobernadores de Tamaulipas, dejando al descubierto una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Alejandro Poiré, titular de la dependencia, explicó que le corresponde a la PGR abundar sobre el desarrollo de la indagatoria que está desarrollando dentro del marco de sus facultades, pero evito responder si se trata de un uso político de la procuración de justicia a propósito del proceso electoral federal que se desarrolla en el país.

“A este funcionario que ya ha sido cesado por parte de la SCT no le correspondía hacer una alerta migratoria de ninguna naturaleza, no tiene atribuciones para ello, lo que ocurrió fue un error de este funcionario que se extralimito en sus funciones, derivado de una indagatoria que ha hecho la PGR, y eso es lo que está ocurriendo nada menos, nada más”, señaló Poiré Romero.

En conferencia de prensa, el encargado de la política interna del país, insistió en que las actuaciones del Ministerio Público federal, están basadas en datos presentados que deben ser investigados, pero evitó señalar porque este tipo de situaciones en contra de “peces gordos” salen a la luz pública en tiempo electorales.

“Por supuesto que el objetivo de las actuaciones del ministerio público de la federación es dar certidumbre, es apegarse a la legalidad y estamos en un esquema de división de poderes y de trasparencia y de rendición de cuentas que garantizan que ese será el resultado de las actuaciones del MP, ya que ha aclarado que es lo que ocurrió respecto de una alerta migratoria que no debió de darse y de una indagatoria derivada de una averiguación previa”, reitero.

Por otro lado, Porié Romero, señaló que el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, es una ventana de oportunidad para sacar a delante las reformas que necesita el país, principalmente en materia de seguridad y procuración de justicia, como la Leyes de extinción de dominio, lavado de dinero, cadenas delictivas, testigos protegidos, trata de personas y códigos penales.

Lo anterior debido a que el crimen organizado, dijo, representa la “peor amenaza”, contra la sociedad y las instituciones democráticas del país.

Insistió en que el hecho de que se trata de un año electoral sea pretexto para que se registre una parálisis legislativa.
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