Ciudad de México.- En el juicio por peculado y lavado de dinero en Tamaulipas contra el ex Gobernador priista Eugenio Hernández casi nadie acudirá a sostener las imputaciones que lo tienen tras las rejas.

De los cinco testigos y denunciantes en su contra, dos fueron asesinados en el 2016 —uno de ellos después de ser amenazado de muerte—, uno se suicidó en mayo del 2014, seis meses después de delatarlo, y otro más fue “levantado” y está desaparecido desde hace un año.

El único que no corrió la misma suerte es Feliciano Reyes Pérez, activista de 82 años, quien el 31 de enero del 2005 presentó la denuncia que apenas el 6 de octubre tuvo como consecuencia la captura de Hernández.

Si bien las acusaciones no serán ratificadas ante el juez, su carencia no significa que en automático el ex Gobernador vaya a quedar libre, pues está sujeto a un juicio de extradición a Estados Unidos por lavado y fraude bancario.

El ex Mandatario tamaulipeco está acusado de adquirir, mediante prestanombres y a precios subvaluados, mil 600 hectáreas de la zona portuaria de Altamira, que pertenecieron al patrimonio del Estado, según la causa penal 67/2017.

La Procuraduría de Tamaulipas llamó a declarar a los testigos entre el 19 y 22 de noviembre del 2013, cuando el también priista Egidio Torre era el Gobernador.

Acudieron Aurelio Parra Bustos, chofer y asistente de Fernando Cano Martínez —presunto prestanombre del ex Mandatario Tomás Yarrington (1999-2005)— y Casimiro Mora Vázquez, asesor financiero de Alberto Berlanga Bolado, ex titular de Obras Públicas y presunto testaferro de Hernández (2005-2010).

Se presentaron también Ramiro Higuera Martínez y Edgardo López Munguía, quienes asesoraron legalmente tanto a Cano como a Berlanga en la compraventa de los predios.

Los cuatro relataron tramos de una historia de corrupción que comenzó en el 2002, cuando Yarrington vendió los bienes del patrimonio del Estado a Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, empresa de Cano Martínez.

En el 2007, el presunto prestanombres de Yarrington vendió dichos inmuebles a GMC Desarrollo Industrial Altamira, registrada a nombre de Alberto y Delia del Carmen Berlanga.

El testigo Mora Vázquez dijo en noviembre del 2013 al Ministerio Público que Berlanga lo había amenazado de muerte. Pasado el tiempo, él y los demás testigos tuvieron finales trágicos.
El 12 de mayo del 2014, Higuera Martínez se suicidó de un balazo en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, donde laboraba en la Secretaría de Finanzas.

El 12 de junio del 2016, Mora Vázquez fue plagiado y descuartizado; y el 16 de agosto de ese mismo año fue secuestrado López Munguía, cuyo cadáver apareció dos días después.

El 2 de noviembre de ese mismo año, Parra Bustos fue levantado y nunca más se supo su paradero.