Saltillo, Coahuila.- La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres conformaron el grupo de trabajo interinstitucional que determinará si en Coahuila lanzan la declaratoria de alerta de violencia de género, a causa de los feminicidios registrados en la entidad.

Por Coahuila participan María Guadalupe Vaquera Villanueva, quien estudió la licenciatura en Enfermería y Obstetría en la UNAM, y posee estudios de maestría en Administración en Sistemas de Salud; ha sido jefa de Enfermería en la Unidad Médica del IMSS en Torreón y enfermera supervisora en la Delegación del IMSS-Coahuila.

Ha sido ponente en diferentes foros sobre violencia hacia las mujeres, particularmente relacionados con violencia intrafamiliar, de género y salud.

Además, Vanessa Ramírez Rodríguez, quien estudió licenciatura en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con una especialidad en Sicología y Equidad de Género, y realizó estudios de doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México.

Fue agente del Ministerio Público en la PGJE y consultora en Projusticia USAID México, para la elaboración de protocolos relacionados con temas de violencia contra las mujeres.

También participarán como externos Amalia Cruz Rojo, representante del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y Silvia López Estrada, representante de El Colegio de la Frontera Norte, quienes han colaborado en investigaciones sobre derechos humanos, feminicidios, violencia familiar, violaciones, trata de personas, violencia y políticas de género, en la Ciudad de México y en Tijuana.

El grupo de trabajo se complementará con representantes de Inmujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Podrá participar la Comisión de Derechos Humanos del Estado y expertos independientes, incluso, observadores internacionales en materia de derechos humanos.

De establecer que hay elementos para emitir la declaratoria de género, se emprenderán acciones gubernamentales de emergencia conducidas por Gobernación en coordinación con el estado y los municipios, y la información se hará pública.

Para iniciar este procedimiento se tomarán en cuenta narrativas de delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social y la sociedad así lo reclame.