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En un mensaje ofrecido en ocasión de la publicación de la legislación –que fue aprobada, en definitiva, en octubre pasado-, Calderón destacó la importancia del endurecimiento de las penas para inhibir la conducta. Subrayó que las penas aplicables serán definitivas y no habrá atenuantes de libertad preparatoria, de conmutación de la condena o alguna otra fórmula para reducir las penas a los secuestradores.
El mandatario dijo que el secuestro es uno de los delitos que más indignan y lastiman a la sociedad, porque no sólo se trata de una privación ilegal de la libertad, sino que es un hecho que es un dramático episodio en las víctimas y les deja secuelas de dolor permanentes, no sólo entre quienes padecieron el secuestro, sino también en su entorno familiar.
Dijo que quienes cometen estos delitos son criminales sin escrúpulos a quienes no les importa mantener a sus víctimas en condiciones humillantes, con altos niveles de angustia o incluso quitarles la vida con tal de obtener dinero.
Al desglosar los alcances de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, Calderón dijo que a partir de ahora, el delito de secuestro no prescribirá y será sancionable sin importar la fecha en que haya sido cometido.
Paralelamente, la nueva legislación permitirá una mayor coordinación entre los niveles de gobierno, al tiempo que define con claridad los casos de secuestro que serán de competencia federal y aquellos cuya persecución y castigo correspondan al ámbito local. Al mismo tiempo, habrá coordinación en materia de organización, operación y modernización tecnológica relacionada con este delito.
Calderón refirió que la ley prevé un marco legal para la conformación de las unidades antisecuestro en los tres niveles de gobierno, la cual forma parte de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
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