Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura aprobó este martes dos dictámenes del paquete fiscal para el 2017 que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

En lo correspondiente a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la reforma propone flexibilizar las reglas a los asignatarios, relativas a la determinación de los límites de deducción para la producción de petróleo y gas asociado.

Lo anterior, como una condición de certidumbre financiera que permita a las empresas productivas del Estado una operación más eficiente y segura en las áreas de asignación.

Derivado de la caída de los precios de los hidrocarburos a nivel internacional, observada a partir de la segunda mitad del año 2014, hubo una reducción en las deducciones permitidas bajo el régimen tributario actual en comparación con el régimen anterior, por lo que el desempeño operativo de los asignatarios que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se ha visto mermado.

“Se propone incluir un esquema flexible que permita diseñar el mecanismo de ajuste, ya sea a través de la modificación de la tasa aplicable sobre el valor de los hidrocarburos o, si es más eficiente, del monto final de la contraprestación que resulte de la aplicación de dicha tasa”, dijo el Coordinador de los Diputados Federales del PRI Coahuila, Armando Luna Canales.

Asimismo, en la Ley Federal de Derechos, el impuesto sobre minería, se propone asignar un 2.5 por ciento de la recaudación total que se obtenga de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre la minería a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la finalidad de que esta cuente con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la correcta operación y administración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros.

Se decidió no eliminar los derechos que se cobran por el uso o goce de postes, torres, ductos o algunos otros bienes similares propiedades de organismos públicos descentralizados, para continuar cobrando estos derechos.