San Diego.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos trasladará temporalmente a jueces de inmigración a seis centros de detención cerca de la frontera con México en un intento por poner en vigencia las directivas de inmigración del presidente Donald Trump, informó el viernes dicha agencia.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del departamento dijo que las transferencias a cuatro localidades en Texas, una en Luisiana y una en Nuevo México ocurrirán el lunes. Anteriormente, los jueces fueron trasladados a dos centros de detención de inmigrantes en California.

El decreto sobre medidas fronterizas y de inmigración que firmó Trump en enero establece que debían asignarse jueces inmediatamente a los centros de detención de migrantes. Muchos jueces trabajan en tribunales donde los inmigrantes son puestos en libertad antes de que sus casos sean escuchados.

La orden ejecutiva de Trump prevé además la construcción de un muro a lo largo de tres mil 218 kilómetros (dos mil millas) en la frontera con México y un aumento de cinco mil agentes a la Patrulla Fronteriza y diez mil al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El plan presupuestal del presidente para el año fiscal 2018 -que comienza en octubre y fue dado a conocer el jueves-requiere un aumento de 19% en los jueces de inmigración a un total de 449.

Actualmente existen 300 jueces, aunque la oficina tiene financiación para 374. Kathryn Mattingly, portavoz de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, dijo que 50 solicitudes están en diversas etapas del proceso de contratación, lo que puede tardar hasta 12 meses.

A partir del lunes, un centro de detención en Jena, Luisiana, tendrá tres jueces más, informó Mattingly. Los centros de detención en Dilley, Karnes City, Laredo y Livingston -todos en Texas- así como en Chaparral, Nuevo México, tendrán uno más cada uno.

Los jueces fueron transferidos antes a centros de detención en San Diego y en Adelanto, en California.

Había un retraso de 542 mil 646 casos a finales de enero, incluyendo 20 mil 856 personas que estaban bajo custodia.

“Los casos de detenidos son nuestra prioridad”, dijo Mattingly. “Siempre lo han sido, pero ahora son nuestra máxima prioridad”.