Chilpancingo.- En junio de 2011 internos del penal de Acapulco, donde ayer 28 reos perdieron la vida en una gresca, denunciaron el autogobierno y la colusión de directivos y custodios con la delincuencia para permitir el ingreso de droga, armas y el cobro de beneficios penalizados por la Ley. Seis años después la situación sigue igual.

En ese entonces un enfrentamiento armado entre bandas antagónicas al interior del penal porteño dejó un saldo de tres internos asesinados, uno de ellos decapitado.

Actualmente el penal es dominado por un grupo de internos sentenciados y procesados por delitos federales, a quienes se vincula con la estructura de lo que fue el cártel de los Beltrán Leyva y que ahora se denomina Cártel Independiente de Acapulco (Cida). Y continúan las extorsiones y venta de droga al menudeo, en complicidad con los custodios y autoridades del penal.

Esta mañana el gobernador Héctor Astudillo atribuyó la matanza de ayer a miembros del Cida, dijo que al menos cuatro trabajadores del penal habían participado en los hechos, e informó que continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

La víspera, el priista trató de minimizar la matanza y manejó los datos de la tragedia pasadas las 15 horas, cuando ya había concluido la reunión privada entre el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John F. Kelly, y los titulares de las secretarías de la Defensa y la Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, respectivamente, que se enfocó en un tour aéreo por las zonas productoras de amapola en la sierra de Guerrero.

En los dos años de su gobierno, Astudillo se ha negado a atender las constantes denuncias públicas y crímenes que se han cometido en la cárcel de Las Cruces, y ha hecho caso omiso al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ubicó a Guerrero en el penúltimo lugar en la escala nacional por los niveles críticos de autogobierno, hacinamiento y corrupción en los penales de Acapulco, Iguala y Chilpancingo, principalmente.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, coordinador del gabinete de Seguridad de la administración astudillista, se ha preocupado más por criticar en sus redes sociales el conflicto político que se vive en Venezuela, que en atender la dramática situación en la entidad.

Y, mientras, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, responsable directo del sistema penitenciario en la entidad, enfrenta varios procesos administrativos derivados del manejo de recursos federales observados desde 2014 por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), relacionados con la compra irregular de armas que involucra al Ejército, así como equipo para las corporaciones policiacas.