México, DF.- Accidentales o no, las muertes de Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos golpean el corazón de la seguridad nacional y la lucha contra la delincuencia organizada, que en el corto plazo tendrán que replantear sus métodos y sistemas, aunque no sus objetivos.

Ambos fueron pieza clave en la ejecución de las medidas más duras y efectivas ejercidas hasta ahora en contra del crimen. Santiago Vasconcelos, como subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR), fue el encargado de firmar personalmente y sin miramientos la mayor cantidad de extradiciones de narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos, lo que le otorgó a esta lucha un rostro diferente: el de la guerra.

Su cabeza tenía precio. Cuando menos en dos ocasiones fueron detectados a tiempo en el Distrito Federal operativos del cártel de Sinaloa en su contra. No fueron intentos menores.

A los sicarios, pagados por Arturo Beltrán Leyva, entonces aliado a “El Chapo” Guzmán, les fue decomisado un arsenal de la mayor peligrosidad: tres lanzagranadas HE66 antitanque, rifles de asalto AKS calibre 7.62 milímetros y un Rocket expansivo RPG-7 capaz de perforar los niveles más altos de blindaje. Iban con todo.

Por su parte, a Mouriño, cabeza formal de la política interior, le tocó quemar las naves del gobierno federal y llevarlo a un camino sin retorno de la lucha contra el crimen organizado, trascendiendo las etapas iniciales de simple despliegue militar en zonas de operación de narcos, para pasar a la captura de capos de alto perfil y, sobre todo, al desmantelamiento de las redes de corrupción dentro del propio gobierno federal, que les garantizan impunidad a los delincuentes.

Tal estrategia ha sido inédita y exitosa en términos generales, aunque para ser integral y duradera requiere de la reconstrucción del aparato de inteligencia oficial deslavado el sexenio pasado y deficientemente manejado en lo que va del actual.

La llegada de Jorge Tello Peón como asesor de la Presidencia en la materia es una señal de que se trabaja en ese sentido, lo que tendrá que hacerse rápido y sobre la marcha.

El reclamo de seguridad pública derivado del secuestro y ejecución del niño Fernando Martí y los crecientes niveles de violencia entre bandas de droga, que sólo este año ha cobrado más de 4 mil víctimas, muchos de ellos policías y agentes oficiales, obligó al gobierno federal a tomar medidas que en años anteriores nadie se atrevió a implementar.

Las recientes detenciones de funcionarios de la PGR y la SSP que estaban al servicio de los cárteles es una muestra de ello. Tocaron un punto neurálgico de la protección de los delincuentes, lo que encarece su protección y movimientos.

La reacción no se ha hecho esperar. Como nunca, los barones de la droga amenazan, alardean, acusan e intercambian mensajes en mantas y cartones; han recurrido hasta el terrorismo, como la noche del Grito en Morelia, mostrando el grado de indignación que las recientes medidas les ha provocado.

Las bajas de anoche, son duras para el gobierno, pero no tienen que ser una derrota.

Mensaje de Calderón

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