Internacional
Por AFP
Publicado el jueves, 2 de marzo del 2017 a las 17:31
Bruselas.- La Comisión Europea subrayó este jueves que “no dudará” en sancionar a los países que rechacen acoger a refugiados llegados a Italia y Grecia, en primera línea de la reciente crisis migratoria, al tiempo que urgió a endurecer las medidas nacionales contra los migrantes irregulares.
“Nuestro deber es poder afirmar claramente a los migrantes, a nuestros socios en terceros países y a nuestros conciudadanos, que si hay personas que necesitan ayuda, las ayudaremos, pero si no [es el caso], deben regresar” a sus países, declaró el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans.
En septiembre de 2015, la UE se comprometió a reubicar en otros países del bloque en el plazo de dos años a unos 160 mil solicitantes de asilo presentes en Italia y Grecia, pero, desde entonces, sólo se han trasladado 13 mil 500 en total.
Este plan, que buscaba mostrar la solidaridad europea con los migrantes que huyen de la guerra y reducir la presión en territorio italiano y griego, no acabó de cuajar especialmente entre los países del este de Europa. Hungría, Austria y Polonia, por ejemplo, no han reubicado todavía a ningún refugiado.
Si los países “no intensifican sus reubicaciones próximamente”, la Comisión “no dudará en usar los poderes que le confieren los tratados”, advirtió la Comisión, en referencia a los procedimientos de infracción previstos en el derecho europeo.
Respecto a los migrantes que no tengan derecho al asilo, el Ejecutivo comunitario urgió a acelerar las expulsiones, con la “pronta conclusión” de acuerdos de devolución con Nigeria o Túnez, y el ingreso en un centro de internamiento de las personas a las que se les comunicó su expulsión si existe “riesgo de fuga”.
Este “plan de acción” de la Comisión llama a los países del bloque a recortar “los plazos de recurso” contra las decisiones de expulsión, que, a su juicio, no deberían “contar con una fecha de expiración”.
El Ejecutivo comunitario propone además poner a disposición de los países de la UE 200 millones de euros en 2017 “para apoyar las medidas nacionales en materia de devolución así como acciones europeas conjuntas”.
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