Ciudad de México.- Mientras en países como Colombia o Guatemala los bienes incautados a los grupos criminales y que están sujetos al proceso extinción de dominio rebasan los 28 mil en un año, en México sólo se han afectado ocho bienes por ese concepto, de acuerdo con el informe “Extinción de dominio”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

El análisis del CESOP señala que los casos más connotados de extinción de dominio en Colombia en 2011 han afectado bienes por un valor superior a los tres mil 400 millones de pesos mexicanos y que entre 2003 y 2009, en la nación sudamericana se han decomisado cerca de 11 mil millones de dólares de activos criminales, mientras que en nuestro país el valor de los bienes sujetos a extinción de dominio es “meramente simbólico”.

En Guatemala, hasta de febrero de 2012, a 10 meses de haber entrado en vigor la ley en la materia, han sido dictadas por los tribunales 12 sentencias a favor del Estado sobre bienes incautados por las autoridades a grupos del crimen organizado y el narcotráfico, por el orden de 760 mil dólares, además de 226 mil pesos colombianos.

El CESOP agrega que en México, desde la promulgación de la Ley Federal de Extinción de Dominio en 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha iniciado 10 procedimientos, de los cuales ha logrado ganar uno y en 2012 no se ha iniciado alguno de estos procedimientos.

El documento también refiere que en nuestro país las causales para tipificar este proceso penal son menores en comparación con Guatemala, donde son 40 y casi 25 en Colombia, mientras en México se reducen a cinco.

En el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009”, la revisión que la Auditoría Superior de la Federación para ese ejercicio fiscal concluyó que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no recibió entre agosto-diciembre de 2009 ninguna transferencia de bienes muebles o inmuebles asegurados mediante esa ley.

El CESOP señala que especialistas del ITAM como Edgardo Buscaglia consideran que “es inaudito” que las instituciones responsables del combate al crimen organizado en México carezcan de instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras de las organizaciones de la delincuencia organizada.

En la óptica de Buscaglia, coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del ITAM, el gobierno mexicano no cumple con las recomendaciones del Grupo Financiero Internacional (GAFI) para prevenir el lavado, ni utiliza el instrumental técnico y legal del que dispone para impedir que el dinero sucio circule por las arterias del sistema financiero mexicano.