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Tags: secretaría de seguridad pública, saltillo, procuraduría general de justicia del estado, periódico oficial del gobierno del estado, hoteles, coahuila
Saltillo.- Los hoteleros estarán obligados a proporcionar los datos de los huéspedes a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado y de negarse se aplicaría la cancelación de licencias para operar.
La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia aprobó la reforma a la Ley de Turismo enviada por el gobernador Rubén Moreira Valdez y hoy será avalada por el Pleno.
Se establece que los hoteles y moteles deberán conformar su base de datos con información de los huéspedes y también deberán reportar las placas de los vehículos que ingresen a los establecimientos, a fin de que la autoridad coteje los informes cuando así lo requiera por motivos de seguridad pública.
Además, el requerimiento de la información saldrá directamente del subsecretario de Seguridad o del subprocurador de Justicia, pero también se designarán a otros servidores públicos para tener esa facultad y sus nombres deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
La información deberá remitirse a la autoridad de inmediato, de lo contrario se aplicarán sanciones como sería la cancelación de la licencia de funcionamiento del establecimiento.
También se obligará a los hoteles y moteles de tres y más estrellas a instalar equipos de videograbación y de preferencia sólo aceptarán pagos con tarjeta de crédito o débito, a fin de que se recabe información fidedigna.
DELITOS
El “halconeo” será castigado con pena de 4 a 12 años de cárcel y multa para quien aceche, vigile o realice cualquier acto tendiente a obtener indebidamente información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general, las labores de seguridad pública, de investigación o persecución del delito o la ejecución de penas.
Además de las penas previstas, se impondrá hasta una mitad más al que realice la conducta descrita utilizando para ello cualquier vehículo de servicio público de transporte de pasajeros u otro que preste un servicio similar o que por sus características exteriores sea similar a la apariencia de los vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros.
Las penas señaladas se aumentarán hasta un tanto más y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación de tres a diez años para ocupar otro.
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