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Cuernavaca, Morelos.- Cinco cárteles de la droga se disputan el estado de Morelos y los resultados de sus enfrentamientos son la escalada de violencia, cuyo mensaje conlleva la intimidación y el terror a la ciudadanía y sus rivales, advirtió el coronel José Herrera Chávez, secretario Técnico del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Los grupos criminales en pugna son La Familia Michoacana, el cártel del Golfo, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Caballeros Templarios; éste último es considerado por inteligencia militar, de acuerdo con un diagnóstico estatal, como la banda que registra un despegue y posicionamiento en el territorio morelense, debido al alto grado de violencia que usa para victimar a sus rivales.

El coronel Herrera Chávez explicó que después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel del mismo nombre, en diciembre de 2009, las células del narcotráfico se atomizaron en busca de apoderarse del territorio morelense.

Es así que el cártel de los Beltrán Leyva se dividió entre Sergio Villareal, El Grande, y Édgar Valdez Villareal, La Barbie, y tras su captura surgieron Guerreros Unidos y Los Rojos, vinculados a células que controlaba Édgar Valdez, principalmente en el estado de Morelos.

Herrera Chávez dijo que el clima de mayor tensión se vive en los municipios de la zona metropolitana como Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Xochitepec, Jiutepec y Huitzilac. De todos ellos destaca la capital del estado, donde han sido exhibidos cuerpos mutilados arrojados en terrenos baldíos o al lado de la autopista México-Cuernavaca.

La Comisión de los Derechos Humanos de Morelos envió una recomendación al gobernador estatal para pedirle reorientar las estrategias de combate al crimen organizado, porque, en su opinión, “los programas, planes y acciones no han logrado revertir o reducir la materialización de los hechos violentos”.

Plantea que el gobernador instruya al fiscal morelense concretar las investigaciones a través del Ministerio Público del Fuero Común y/o los respectivos fiscales para abatir la impunidad que ha quedado evidenciada en la resolución, vinculando los procesos y/o ejecutando acción penal en los casos que así proceda.