En un comunicado, el organismo nacional informó que la dependencia federal ha manifestado que "no acepta" las recomendaciones 46/2011 y la 43/2011.
La CNDH en junio pasado acreditó que militares y personal de la Policía Federal está implicado en la desaparición forzada de tres personas, ocurrida el 29 de diciembre de 2009 en el ejido de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en Chihuahua, por lo que emitió la Recomendación 46/2011 contra la SSP federal.
Mientras que la Recomendación 43/2011 señala las violaciones cometidas por funcionarios de la SSP federal en agravio de un reo que estaba preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, quien a pesar de haber cumplido su condena, fue liberado el 20 de marzo de 2010, es decir, 1 año, 4 meses, 8 días después de la fecha en que debió salir de prisión.
La CNDH recordó que en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor el pasado 11 de junio, "todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos".
Sostuvo que "sin lugar a dudas, el respeto y salvaguarda de los derechos humanos, es el criterio que debe orientar el rumbo de las instituciones en el país y trazar la línea en el trabajo y comportamiento que realizan los servidores públicos todos los días".
En este sentido, la CNDH anunció que en términos de lo que establece el segundo párrafo, del apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "evaluará ejercer su facultad para solicitar al Senado de la República, que cite a comparecer al titular de la mencionada secretaría a fin de que explique su rechazo".
Recordó que la ley señala que "cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa".
El organismo indicó además que es absolutamente respetuosa de las instituciones y "cumple su obligación constitucional de señalar a servidores públicos que se apartan de sus deberes y exigir la responsabilidad institucional que esta situación conlleva".
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