Internacional
Por Sin Embargo
Publicado el martes, 11 de noviembre del 2014 a las 10:43
México, D.F.- La Corporación de Construcción de Ferrocarriles de China (CRCC, sus siglas en inglés), que junto con otras compañías mexicanas había sido elegida para construir el tren de Alta Velocidad México-Querétaro, reportó estar “extremadamente sorprendida” por la revocación del contrato anunciada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
De acuerdo con la agencia oficial china Xinhua, analiza ahora recurrir a medidas legales para proteger sus intereses.
“La CRCC anunció que ha formado un equipo legal tras recibir la notificación de la decisión y se comprometió a recurrir a los medios legales para proteger sus intereses legítimos si es necesario”, dice un despacho emitido hoy por Xinhua. “La compañía destacó que ha seguido estrictamente los procedimientos y requisitos de la licitación pública y el contenido de la misma cumplió con los requisitos del Gobierno mexicano”, agrega la información.
El anuncio de las acciones legales por parte de CRCC se da justo durante el inicio del viaje del Presidente Enrique Peña Nieto a China y horas después que los medios tanto nacionales como internacionales cuestionaran que una mansión del mandatario, valuada en 86 millones de pesos, hubiera sido obra de una compañía propiedad del mismo empresario que, junto con la CRCC, ganó la licitación para la construcción del tren de alta velocidad (Constructora Teya).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la noche del pasado 6 de noviembre la cancelación del contrato que originalmente había sido asignado al consorcio formado por CRCC y Constructora Teya (además de las empresas Prodemex, Grupo GIA, China South Rolling Stock Corporation y GHP Infraestructura Mexicana).
La cancelación, informó la SCT en un comunicado de prensa, obedeció a “las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública”, por lo que “el Presidente instruyó a la SCT a reponer la convocatoria para la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro”.
Las dudas habían sido generadas luego de que el equipo de investigación de Aristegui Noticias publicara que la oferta del consorcio ganador –de tres mil 800 millones de dólares- era 21 por ciento más cara de lo presupuestado, y que las empresas mexicanas participantes eran cercanas al Presidente Peña Nieto y al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Grupo GIA es propiedad de Hipólito Gerard, quien es hermano de Ana Paula Gerard, esposa del ex Presidente Salinas de Gortari. La Constructora Teya está vinculada a la empresa Eolo, que arrendó los aviones de la campaña presidencial de Peña Nieto. Prodemex, que es propiedad de Olegario Vázquez Aldir, hijo de Olegario Vázquez Raña, de Grupo Imagen.
CRCC dice en su página de internet haber entrado en contacto con la SCT en cuanto se enteró de la revocación del contrato: “El 6 de noviembre (hora de México) a las 23:00 (el 7 de noviembre a las 13:00, hora de Beijing), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México anunció la revocación de la licitación y decidió reiniciar los procedimientos de licitación. La empresa inmediatamente hizo contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y, debido a la diferencias de tiempo, recibió la confirmación de la revocación de la licitación temprano en la mañana del 8 de noviembre (hora de Beijing)”.
La información sobre los vínculos de Constructora Teya con la mansión de la familia del Presidente –investigada por el equipo de Aristegui Noticias y publicada en SinEmbargo- fue reseñada hoy en diversos medios internacionales, como The New York Times, LA Times, Financial Times, Univisión, BBC Mundo, y The Associated Press (AP) y The Wall Street Journal.
“El Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien ha construido una reputación como reformador, se enfrenta a preguntas acerca de la compra de una mansión en manos de una empresa cuyo propietario ha ganado varios proyectos del gobierno durante la administración actual y su anterior mandato como Gobernador”, dice el reputado diario neoyorquino.
“La casa podría plantear preguntas sobre los vínculos entre los contratistas y el Presidente, en momentos en que el gobierno se ha embarcado en varios proyectos de infraestructura de alto nivel así como en la apertura del mercado de la energía, políticamente sensibles a las empresas privadas”, dice el diario.
lff
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