Saltillo, Coah.- Jesús Homero Flores Mier, aspirante a ocupar la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, ofreció autonomía e imparcialidad, en caso de ser designado en el nuevo cargo dentro de la implementación del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

Flores Mier, actual presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, fue el más cuestionado por diputados del PAN y PPC, por sus 19 años dentro del servicio público, que pudieran interferir en el desempeño del cargo en la lucha contra la impunidad.

Respondió que el Fiscal dará cuentas a la sociedad en forma transparente, por el mismo diseño del SAC, y asume el compromiso de actuar en forma imparcial y autónoma, sin darle vuelta a la ley.

Señaló que ha colaborado con administraciones municipales y estatal y ahora busca una nueva responsabilidad, no una nueva aventura, al haber cumplido un ciclo en su vida profesional, y espera recibir la oportunidad para enfrentar la corrupción en la entidad.

Al comparecer ante el Congreso del Estado, añadió que México tiene baja calificación en gobierno abierto, rendición de cuentas y transparencia, por ejemplo, y la corrupción encarece aquello que supuestamente busca encarecer y hay desvío de recursos.

347 mil millones de pesos es el costo anual de la corrupción en México, establece un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, informó, y el reto es crear una Ley General de Archivos para que la información no sea exclusiva del funcionario, sino que esté disponible para la comunidad.

No hay bala de plata contra la corrupción y la impunidad, pero la participación ciudadana puede abonar a ello, con un seguimiento a los casos que se presenten e interponiendo denuncias.

También se necesita transparencia y rendición de cuentas, profesionalización e integridad de los servidores públicos que deben actuar con ética que inhiban actos de corrupción.

América Campero Calderón Farfán, quien ha sido presidenta auxiliar de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Monclova, procuradora obrera en Monclova, subdirectora estatal del Registro Civil y subdirectora de Defensorías de Oficio, académica y jurista, refirió que no hay varita mágica para erradicar la corrupción, sino que debe atacarse con la aplicación de la ley y el funcionamiento de la nueva Fiscalía Anticorrupción que debe trabajar con la propia participación ciudadana.

Corrupción significa descomposición y gobierno y sociedad tienen que recomponer las piezas del rompecabezas aprovechando el diseño del Sistema Anticorrupción de Coahuila, planteó.

Lo primero, dijo, es dar a conocer la Ley Anticorrupción y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y generarla a favor de la propia Fiscalía, así como convocar a mesas de trabajo y seminarios con ciudadanos, organismos no gubernamentales, comunidad universitaria, académica, empresarial e instituciones de investigación para involucrarse en el tema.

Además, hay que proceder de inmediato para elaborar la Ley Orgánica que le dé sustento jurídico a la nueva institución, incluso, analizar la posibilidad de hacer mejoras a la propia Ley Anticorrupción comparando la normatividad aplicada en otras entidades.

Para garantizar el Estado de Derecho, no hay otro camino que aplicar las leyes y la acción de la Fiscalía Anticorrupción atenderá las investigaciones y los hechos.

Manuel Horacio Cavazos Cadena, quien ha tomado cursos sobre corrupción, delincuencia organizada, terrorismo y derechos humanos, entre otros temas en el país y extranjero, explicó que en el mundo la corrupción representa el 2% del Producto Interno Bruto, sin embargo, en México representa el 10%, lo que refleja un grave problema, y debe combatirse.

La corrupción no solo afecta al Estado, sino que atenta contra los derechos humanos y servicios de los ciudadanos, lo que hace necesario evitar esos actos, señaló el ahora Fiscal Especializado en Investigación de Delitos Cometidos por Agentes del Estado.

Los delitos de corrupción son muchos y deben prevenirse, identificando el manejo inadecuado de recursos y las operaciones sospechosas de dinero, así como fomentar la cultura de la legalidad, independientemente de los instrumentos de investigación aplicables, impulsando el respeto a las leyes.

Añadió que la corrupción debe atacarse cultura de la legalidad y con prevención, pues una vez cometido el delito ya nada es igual; si esto no pudo frenar la conducta delictiva entra en acción la justicia penal.

Alberto Lara Fernández, presidente de la Barra de Abogados de Coahuila, expresó que la corrupción aqueja a instituciones de gobierno y no se puede permanecer indiferente ante ello.

Las labores de prevención han sido ineficaces y ahora hay que aplicar un mecanismo sancionador riguroso, indicó, al señalar que la corrupción ofende el desarrollo y la justicia social, en detrimento de la estabilidad social y económica, tanto de particulares como del mismo Estado.

Se deberá crear una dependencia desde cero para sancionar los actos de corrupción entre funcionarios y particulares, fomentando la cultura de la denuncia entre la misma ciudadano.

La Fiscalía Anticorrupción, manifestó, deberá realizar actos de autoridad honestos, economizando tiempo y recurso, evitando la burocracia.

El primer acto de corrupción de un funcionario es el aceptar un cargo para el que no se tiene la preparación adecuada, expresó, al indicar que él reúne el perfil adecuado porque conoce el Derecho Penal, entre otras disciplinas.