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Los magistrados de la sala penal nacional impusieron al ex comandante de la Marina, Andrés Egoechaga, la pena de 14 años de cárcel y el pago de 74.000 dólares a los padres de Indalecio Pomatanta, quienes vivían junto al menor en la zona selvática de San Alejandro, 497 kilómetros al noreste de Lima.
El 2 de abril de 1995 la base militar de San Alejandro, cuyo jefe era Egoechaga, realizó un operativo militar en los alrededores que culminó con la incineración de Pomatanta a quien acusaron de guardar armas de los terroristas.
Silvia Romero, abogada de los padres de la víctima, apeló la sentencia por considerarla leve para un crimen que horrorizó al país por su crueldad.
"Apelamos la sentencia por ser benigna. Egoechaga en 2009 fue condenado a 20 años de prisión en un juicio que se anuló y ahora en otro juicio sólo le han impuesto 14 años", dijo Romero a la AP.
La fiscalía también apeló la sentencia ante la Corte Suprema y pidió que Egoechaga sea condenado a 25 años de cárcel.
Carlos Rivera, un abogado experto en casos de derechos humanos, dijo a la AP que la condena al ex oficial "está por debajo del mínimo legal pues hablamos de un asesinato con crueldad condenado en Perú normalmente a entre 15 y 25 años de prisión. Además el marino nunca se mostró arrepentido y niega hasta ahora ser autor del crimen pese a las evidencias".
El adolescente sobrevivió cuatro días en un hospital cercano en pleno uso de sus facultades y poco antes de morir acusó en entrevista con periodistas de las televisoras locales a Egoechaga. El vídeo fue tomado como prueba judicial.
Egoechaga "me dijo 'saca las retrocargas (armas) o sino te quemo'... agarró tres galones de gasolina (litros) y me echó en mi cuerpo", dijo Pomatanta a las cámaras de televisión. Los marinos no hallaron armas en la casa del joven pero pese a eso le negaron auxilio médico.
El juicio no se inició hasta 2004 tras la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad (CVR).
En la única investigación del conflicto interno que vivió Perú entre 1980 y 2000, la CVR calculó que los muertos del enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los terroristas alcanzaron la cifra de 69.280, la mayoría campesinos pobres.
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