Entrelíneas | Chihuahua.- El control que tiene el crimen organizado sobre las fuerzas del Estado en diversos municipios, reconocido por autoridades estatales y legislativas, apoyado además en la colusión con distintas corporaciones policiacas, ha disparado los casos de desaparición forzada en la entidad, sobre todo en la zona serrana en donde la cifra sería mayor a la denunciada.

Norma Ledezma de la asociación Justicia para Nuestras Hijas que da acompañamiento a familias de personas desaparecidas en Chihuahua, denunció que la gravedad del problema es mayor que la llamada cifra oficial, pues hay municipios que no cuentan con Ministerios Públicos para presentar la denuncia de desaparición y se suma a esto el temor de las familias que viven bajó el control de líderes delincuenciales.

Diversos organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o Amnistía Internacional han señalado y alertado a la autoridad estatal por la grave situación de estos crímenes de lesa humanidad en Chihuahua; si bien el problema no es actual y se viene arrastrando desde hace años, el Estado de Derecho Fallido –al que ha hecho alusión la activista de Justicia para Nuestras Hijas- está repuntando los casos.

Según la CNDH, Chihuahua sería el sexto lugar a nivel nacional en materia de casos de desaparición forzada con mil 935 expedientes que datan del 2007 al 2016, registrándose el mayor número de casos en el municipio de Cuauhtémoc, región que por su condición geográfica entre la Sierra Tarahumara y la ruta de la droga hacia la frontera ha concentrado hasta 355 desapariciones, manteniendo una tasa que sobrepasa la media nacional.

En este municipio que se encuentra actualmente en pugna tras el asesinato de uno de los criminales que mantenía el control de la plaza, César Raúl Gamboa Sosa “El Cabo”, se destaca la reciente desaparición de Leonel Raúl Nájera Frescas, hermano de un locutor de la capital de Chihuahua, pero también se encuentra la desaparición de Lizeth Karina Lara García de 25 años de edad, quien desapareció de Álvaro Obregón o Rubio, región que también ha vivido diversos enfrentamientos entre bandas delincuenciales y en uno de estos fue abatido el líder mencionado.

Esta zona presuntamente se encuentra controlada por la célula delictiva de Carlos Arturo Quintana “El 80” y hasta hace pocos días, pese a que Lizeth Karina desapareció desde el pasado 11 de julio, se pudo llevar la investigación a la Fiscalía de Cuauhtémoc, en donde los únicos detalles que se tienen es que la víctima fue bajada de su automóvil en una plaza de Rubio.

Colusión de corporaciones policíacas y crimen organizado

En la Sierra Tarahumara varios de los delitos contra la población civil, como es el caso de la desaparición forzada, navegan en un mar de cifras negras. Las familias de las regiones serranas no denuncian estas situaciones por un señalamiento categórico sobre la colusión de las policías municipales con miembros de la delincuencia organizada. Sin denuncia no se ventila la grave situación y solamente se conoce sobre la problemática a través de los datos oficiales sesgados sobre este delito.

Ledezma señala que hasta el momento solamente se ha acreditado la colusión entre corporaciones municipales y crimen organizado, sin embargo no por no acreditarse en las fuerzas de la Comisión Estatal de Seguridad deba descartarse; en su experiencia y acercamiento con familias de víctimas a lo largo del estado, la activista específica que la colusión más evidente entre las corporaciones y el crimen es en Madera, Largo Maderal y Janos.

Esta situación se ha agravado más con la falta de corresponsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual debería mantener presencia en municipios que han sido denunciados por la intervención del crimen en las fuerzas policiacas, pero se ha negado y ha declinado incluso los casos que pudieren llegarle para investigaciones, según señala Norma Ledezma.

La colusión que se ha venido señalando entre policías municipales y miembros del crimen organizado no siempre se da por el soborno de los elementos con más dinero del que ganan como efectivos, sino que muchos de ellos se alían por sobrevivencia, pues de no hacerlo estaría en riesgo su vida y la de su familia, y por estas razones se pueden llegar a desviar investigaciones si las cabecillas del narco no desean que se llegue a la verdad sobre algún caso.