Ciudad de México.- En 2006 la Procuraduría General de la República contaba con más de 6 mil agentes adscritos a la llamada Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Se trataba de la fuerza policial creada unos años atrás en sustitución de la Policía Judicial Federal y cuya tarea era investigar todos los delitos federales.

En los años siguientes el número de agentes de la AFI se fue reduciendo casi de forma sostenida hasta llegar a 3 mil 185 en 2012. En este periodo se fortalecieron los exámenes de control de confianza que derivaron en la salida de policías.

El número de bajas de policías siguió su constante con la actual Administración aunque de forma menos pronunciada. Al cierre de 2015, la PGR informó que tenía 3 mil 124 policías ministeriales, que representan una disminución del 48.5% respecto al estado de fuerza de 2006.

En mayo de 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam acusó que las administraciones pasadas prácticamente “habían desmantelado” la capacidad de investigación de la dependencia pues numerosos agentes fueron trasladados a la Policía Federal dependiente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“A la Procuraduría se le exige que primero investigue y luego consigne, y no tiene con qué investigar, se le puso un rol a la Policía que tenía la Procuraduría, digo, que tenía, porque ya no son policías, resulta que los usamos para custodios, para grupos de seguridad y para traslados”, dijo en aquel momento Murillo.

Para revertir esta situación el procurador anunció que se contratarían por lo menos a 2 mil nuevos agentes para la Policía Federal Ministerial con el objetivo de fortalecer su estado de fuerza y capacidad de investigación. Las cifras oficiales proporcionadas por la PGR revelan que esto no ocurrió.

INCREMENTOS, PERO A LA BAJA

A través de diversas solicitudes de transparencia y acceso a la información se reveló que en el sexenio de Felipe Calderón se incrementó el número de personal ministerial (fiscales, agentes del Ministerio Público y oficiales secretarios) de la PGR, contrario a lo que sucedió con los policías. Pasó de 2 mil 185 en 2006 a 5 mil 38 en 2012.

Pero a partir del primer año de la Administración del presidente Enrique Peña Nieto se comenzó a reducir el personal ministerial de la PGR de forma sostenida; en 2013, la dependencia reportó 4 mil 906 fiscales y ministerios públicos; en 2014 fueron 3 mil 233; en 2015 fueron 3 mil 171, y en 2016 la cifra fue de 2 mil 904.

Es decir, en los últimos cuatro años la PGR ha perdido al 43% de su equipo ministerial. De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al cierre de 2015 había 100 mil 443 averiguaciones previas abiertas por delitos federales. Esto significa que aun cuando se repartieran todos los expedientes entre fiscales, agentes del MP y sus auxiliares, cada uno tendría que investigar o resolver 34 casos al menos.

Esta situación generó alarma al inicio del sexenio, aunque al parecer en 2013 habría una solución. El titular de la PGR Jesús Murillo Karam anunció un plan de reestructuración profundo de la dependencia que incluso fue enviado al Senado, y cuyo objetivo era elevar la calidad de las investigaciones, mejorar la coordinación y atención de los delitos y abatir la impunidad.

Como parte de las acciones específicas la estrategia planteaba la especialización de los agentes ministeriales por materia.

Es decir fiscales y MP con especialidad en delitos federales específicos como puede ser lavado de dinero, narcotráfico, secuestro, trata de personas, entre otros delitos de alto impacto. Murillo habló del reclutamiento en universidades de candidatos

Se solicitó vía transparencia a la PGR cual era el número de agentes especializados pero la respuesta fue que “no existe tal preparación especial”.

“En el ámbito de sus atribuciones y facultades los agentes del Ministerio Público de la Federación les corresponde conocer cualquier tipo de comisión del delito”, agregó la dependencia.

FRACASO DE LAS METAS

A dos años de que termine el sexenio, la PGR no ha conseguido cumplir la mayoría de las metas que se planteó dentro del Plan Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, y en algunos indicadores incluso hay un retroceso.

Los datos incluidos en el Cuarto Informe de Gobierno revelan, por ejemplo, que en 2016 el porcentaje de casos desechados o devueltos por los jueces federales por carecer de pruebas o estar incompletos es de 23.8%, es decir, casi la cuarta parte de todas las investigaciones que consigna la PGR.

La meta para 2018 es que apenas el 8% de los casos sean devueltos pero en realidad este indicador cada vez se ha hecho más grande. En 2012 sólo el 10% de los casos eran devueltos.

En 2014, a la PGR le tomaba en promedio 247 días integrar una averiguación previa y resolverla. Para 2018 se fijó la meta de reducir ese tiempo a 200 días pero en 2016, a la dependencia le lleva aún más tiempo resolver un caso: 280 días en promedio.

Otro caso es el de las órdenes de aprehensión cumplidas con éxito. La meta es llegar al final del sexenio con un promedio de 37% de cumplimiento de las órdenes giradas pero el promedio en 2016 apenas es de 20 por ciento.

La PGR también llegó este año a su porcentaje más bajo de casos consignados que terminan con el auto de formal prisión o de vinculación a proceso de los acusados: solo 62% de los casos, cuando al principio de la actual Administración su porcentaje de eficacia en este rubro era del 74 por ciento.

LM